Al darse a conocer el espionaje gubernamental del que fueron víctima los promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, una realidad salió a la luz: las compañías multinacionales de este sector se han coludido con el gobierno para utilizar herramientas sofisticadas de espionaje en contra de la sociedad civil y grupos que afectan sus intereses.

Esta conclusión llega tanto los expertos del Citizen Lab, investigadores de la campaña de espionaje, así como las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos digitales.

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La pregunta que aún está sin resolver es el grado de complicidad de los funcionarios y entidades de seguridad con grandes compañías que ejercen un alto grado de poder e influencia en el diseño de las políticas públicas del país.

"¿Fue un infiltrado o es algo que viene de órdenes de arriba?", cuestionó Alejandro Calvillo, director de la organización civil El Poder del Consumidor y víctima del espionaje.

"Pensar que con el poder que tienen las empresas, no tienen vínculos en esos niveles, sería muy ingenuo. Han influido que regulaciones para que sean diseñadas por la propia empresa (...) No queremos señalar a ninguna empresa en particular o a nadie en concreto porque no queremos terminar siendo los demandados, pero los hechos hablan por sí solos", dijo en rueda de prensa la mañana del lunes.

Durante la celebración de la conferencia, Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) destacó que al mismo tiempo, Coca-Cola realizaba una campaña de promoción digital en Twitter. Una coincidencia un tanto sospechosa.

"Curiosamente, Coca-Cola esta promocionando un tuit, 'Siente el Sabor', en este momento", dijo.

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El 11 de febrero pasado, el Citizen Lab publicó su más reciente reporte llamado Bitter Sweet donde documentó el uso de la solución Pegasus de la firma israelí NSO Group para espiar al investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director general de la organización Al Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO quienes impulsaron el impuesto a las bebidas azucaradas.

NSO Group ha asegurado anteriormente que sus soluciones sólo las comercializa a gobiernos que cuentan con controles para evitar el abuso del espionaje y con garantías de los derechos humanos, pues su uso está limitado sólo a la investigación criminal y protección de la seguridad nacional.

Aun así, el Citizen Lab ha documentado anteriormente el uso de Pegasus para el espionaje de Ahmed Mansoor, un defensor de los derechos humanos de los Emiratos Árabes Unidos, así como al periodista Rafael Cabrera de México.

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En la búsqueda de un mayor esclarecimiento sobre la adquisición y utilización de las tecnologías de espionaje electrónico, R3D presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Existe una urgencia en las investigaciones ya que desde hace varios años se han documentado casos de vigilancia invasiva usando tecnologías de espionaje, con casos emblemáticos como el de FinFisher o Hacking Team. La documentación periodística e información filtrada revelan que México es uno de los principales clientes de las empresas desarrolladoras de estas tecnologías.

Existe además una falta de claridad sobre las autoridades estatales y federales que tienen acceso a estas tecnologías de vigilancia. Varios investigadores y medios, incluyendo El Economista, han documentado que entidades como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la misma PGR son compradoras y usuarias de estas herramientas.

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El riesgo de un mayor gasto y abuso de estas herramientas se agrava aún más si se les permite a entidades como la milicia el hacer uso de software espía sin control alguno, como se ha propuesto en iniciativas de la nueva Ley de Seguridad Interior.

Aun así el camino no será sencillo, reconoce García. Existen contradicciones como el hecho que la PGR, encargada de realizar estas investigaciones, también pudiera estar involucrada en el espionaje electrónico de los activistas.

"Lo que se ha documentado, quien fue el principal gestor (de la compra a NSO Group) fue Tomás Zerón. Él ya no está en la PGR, ya hay un nuevo fiscal y es nuestra obligación legal agotar esa vía que hay investigación formal", dijo.

Aunque no será el único frente. Además de la PGR y la CNDH, las organizaciones buscarán acercamientos con organizaciones de Estados Unidos y con las empresas de Israel para limitar su comercialización, aumentar los controles y exigir garantías para evitar los abusos ya documentados.

"Estamos en contacto con otras organizaciones internacionales para ver las acciones que se puedan llevar a cabo en Israel porque esta exportación a un país como México y la violación a los derechos humanos compromete la licencia de exportaciones", dijo.

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Y es que las prácticas abusivas de espionaje tienen impacto en diferentes aristas, desde la violación de los derechos humanos y libertades de expresión, asociación y privacidad; hasta de índole económico ya que el uso de estas herramientas de espionaje como Pegasus de NSO Group implica un gasto millonario opaco y a costa de los recursos públicos.

"Lo que hace (el espionaje) es desestabilizar a los grupos que lo están sufriendo. Es difícil vivir sabiendo que has sido vigilado o vigilada, cambiar y adaptarte a ese nuevo contexto. No se dimensiona, pero genera un impacto profundo en las operaciones y en los grupos de trabajo", dijo Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, organización que colaboró en la documentación del caso.

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