Luego de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, demandó aplicar la ley ante los “inaceptables niveles de inseguridad” que vive el país, el gobierno federal atribuyó el aumento de la violencia a omisiones del Congreso y la Suprema Corte a una debilidad institucional en los tres niveles de gobierno y a que líderes delincuenciales son protegidos por bases sociales.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) refirió que “las causas (de la inseguridad) son variadas, pero en mucho se explican por la diversificación de actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas, en un principio, al comercio de droga y con intereses también por la extracción ilegal de combustible, lo que comúnmente se conoce como huachicoleo”.

“De la misma forma, incide la participación—en algunos casos forzada o inducida— de miembros de diversas comunidades, que han sido utilizados para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca en la detención de personas que cometen ilícitos, como el robo a transporte en carreteras y a trenes de carga”, indicó.

“Lo anterior, generado en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales en distintos niveles de gobierno, sean municipales, estatales o incluso federal”, admitió la dependencia.

La Segob reprochó que en el marco de la inseguridad, los legisladores no hayan resuelto el nuevo modelo policiaco (Mando Único o Mando Mixto) y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no haya resuelto la constitucionalidad o no de la Ley de Seguridad Interior.

La dependencia que encabeza Alfonso Navarrete dijo que el gobierno reconoce que, contrario a la tendencia positiva registrada en sus primeros años en torno a la disminución de diversos delitos cometidos, particularmente de manera violenta, el 2017 resultó con un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación aseguró que el gobierno federal “no ha sido omiso y ha tomado diversas medidas, tales como la implementación del operativo Escudo-Titán, a fin de mejorar los niveles de coordinación”.

Nueva crítica de Coparmex

Los logros de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto son reconocidos, pero con la estrategia de seguridad “se ha equivocado una y otra vez” y ahora la sociedad enfrenta una crisis de violencia y delincuencia, reprochó el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos.

El líder del sindicato patronal externó su preocupación porque cada día existen empresas con la intención de cerrar cortinas por la creciente inseguridad.

“Bajo ninguna manera podemos prestar oídos sordos y ojos ciegos ante una realidad que nos preocupa. El buen gobierno se construye ratificando las políticas exitosas de su instrumentación y también reconociendo los errores cuando se cometen. En materia de seguridad, esta administración se ha equivocado una y otra vez”, explicó.

Balaceras en Guadalajara

La Fiscalía General de Jalisco informó que las balaceras registradas en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, y que dejaron como saldo cuatro personas muertas y dos lesionados, son resultado de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Nueva Plaza.

El fiscal Raúl Sánchez Jiménez dijo en rueda de prensa que en Jalisco y en el país se vive una escalada de violencia “nunca antes vista”.

Refirió que tras la detención de tres integrantes de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación, se presenta este aumento de violencia en la entidad.