Familiares de Rosario Robles anuncian “resistencia civil pacífica”

Familiares de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, anunciaron una “resistencia civil pacífica” para conseguir su libertad y absolución, al considerar que se trata de una presa política.

Francisco Robles y Mariana Moguel, hermano e hija de la exsecretaria de Estado, acompañados de otros familiares, ofrecieron una conferencia de prensa  en la que anunciaron manifestaciones a partir de este 15 de noviembre en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sedes de embajadas, como parte de lo que denominaron acciones de “resistencia civil pacífica”.

También anunciaron que durante 36 horas permanecerán afuera de Palacio Nacional, con un ayuno de 10 días, y manifestaciones en la Glorieta de la Palma sobre Paseo de la Reforma, para difundir las supuestas anomalías en el caso de Rosario Robles, quien desde agosto de 2019 permanece presa en el Centro Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

“Como familia no estamos buscando ya el cambio de la medida cautelar, no estamos buscando que Rosario pueda seguir su proceso en libertad en su casa, en una prisión domiciliaria. Estamos buscando la inmediata libertad de María del Rosario Robles Berlanga y ese va a ser uno de los aspectos centrales de nuestra lucha”, afirmó Francisco Robles.

Mariana Moguel planteó acciones legales para que el caso de su madre sea llevado a instancias internaciones acusando violaciones a los derechos humanos; la utilización política de las instituciones de procuración e impartición de justicia y su falta de autonomía, en particular de la FGR.

El 20 de octubre, un juez federal ordenó mantener en prisión a la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, por considerar que prevalece un elevado riesgo de fuga.

La exsecretaria de Estado es implicada por la Fiscalía General de la República en el caso llamado la “Estafa Maestra”, operación que implicó la firma irregular -durante su gestión- de 27 convenios con universidades públicas que causaron un daño patrimonial por 5,073 millones de pesos. Por esta situación, la fiscalía solicitó 21 años de prisión en su contra.

Unos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no tiene nada contra la ex funcionaria. “No tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República, no tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz, y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, aseveró.