Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores, aprobaron por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto para reformar los artículos 22 y 73 de la Constitución federal en materia de extinción de dominio.

Dicha figura define la Ley Federal de Extinción de Dominio vigente, consiste en “la pérdida de los derechos” sobre “todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación” que sean instrumento, objeto o producto del delito, como los vinculados con delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito.

Para este tema, el dictamen aprobado contempla modificaciones del texto remitido desde la Cámara de Diputados y le adiciona un párrafo para incluir los decomisos también por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos e ilícitos en materia de hidrocarburos.

A su vez, estos cambios establecen en un nuevo párrafo que la extinción de dominio “será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones” por los delitos mencionados.

Además, en el segundo párrafo de la minuta remitida a las comisiones, se considera esta figura jurídica como “imprescriptible” e indica que “se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal” sobre bienes involucrados en delitos “en perjuicio grave del orden público”.

Sin embargo, el texto aprobado desecha la imprescriptibilidad y establece que “la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal”, y añade que “las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función”.

El dictamen destaca también la necesidad de fortalecer el combate al crimen organizado y a la corrupción, pues éstos “convergen de estructuras financieras y económicas ilícitas”, y agrega que se deben incluir figuras legales que incentiven la recuperación de activos “derivados o puestos al servicio de conductas delictivas”, además de que se deben crear políticas públicas eficaces en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

La propuesta incluye cambios a la fracción XXX del Artículo 73 constitucional, que indica las facultades del Congreso para instruir las leyes en materia de procedimientos civiles y familiares. En el texto aprobado se lee que el Congreso tiene la facultad “para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio”.