Luego de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirmara la muerte de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal quien fue secuestrado el pasado 4 de junio, organizaciones civiles exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

A través de redes sociales, la activista y presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, lamentó el fallecimiento del estudiante y aseguró que en el primer cuatrimestre del año en curso en la Ciudad de México los secuestros incrementaron 80.7% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Además denunció que, desde el inicio de la administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la organización le hizo saber las deficiencias de la Unidad Antisecuestro de la CDMX, sin embargo, acusó que “no hubo respuesta ni actuaron, las consecuencias son y seguirán siendo trágicas hasta que no cambien estas condiciones”.

Por su parte, el presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí, expresó por redes sociales  su tristeza por el fallecimiento del joven.

“Tengo el corazón destrozado, mi alma no descansa ante tanta crueldad. México se desangra como nunca en su historia. Todavía muchas familias no duermen ante la ignominia de si sus hijos regresarán con vida”.

Este lunes en conferencia de prensa, la titular de la procuraduría capitalina, Ernestina Godoy, informó que por una llamada al 911 fue posible localizar el cuerpo de Norberto y aseguró que la dependencia activó el protocolo de búsqueda.

“No nos detuvo el hecho de que la familia decidiera de manera muy legítima que la negociación la iban a hacer ellos y pedían que la procuraduría no interviniera, eso no impidió que se activara el protocolo antisecuestros”, dijo.

Finalmente, la Universidad del pedregal en la que Norberto cursaba la licenciatura en mercadotecnia decretó tres días de luto con la suspensión de actividades escolares y una misa en la institución.

Rechazan alerta de violencia de género

Organizaciones de la sociedad civil que solicitaron la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México acusaron que fue rechazada por un tema político por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación.

En conferencia de prensa, los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria y Justicia Pro Persona anunciaron que van a interponer un amparo contra esta resolución que se emitió el 7 de junio por parte de Conavim.

“La Conavim debe explicar por qué y bajo qué criterios o metodología de evaluación dio tal peso a estas 13 acciones del nuevo gobierno para no emitir el decreto correspondiente y no consideró el dictamen del grupo de trabajo que sólo reconoció el cumplimiento de 30% de indicadores”, dijo Anayeli Pérez Garrido, representante de Justicia Pro Persona.