La Estrategia de Seguridad de Centroamérica, con la que se pretende reducir el impacto del crimen organizado en la región, comenzó sin los recursos suficientes para su implementación; no obstante se marcaron tiempos específicos para desahogar los compromisos.

En un lapso de cinco años, los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá deberán mostrar resultados en cuatro rubros: combate al delito, prevención de violencia, rehabilitación y seguridad penitenciaria, así como fortalecimiento institucional.

Ante los incrementos de armas incautadas al crimen, los siete países, con apoyo de la comunidad internacional, deberán presentar en ocho meses un estudio de factibilidad para el establecimiento de un sistema regional estandarizado de marcaje de armas de fuego.

De acuerdo con el documento Perfiles de Proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que se definió la semana pasada en Guatemala, ante la representación de casi 40 países, se cuenta con ocho meses para desarrollar un estudio sobre la viabilidad de suscribir un memorándum de entendimiento regional en torno de la distribución de los bienes y activos que sean producto del narcotráfico.

Luego de reconocer que la capacidad de acción de los delincuentes es más sofisticada, las naciones centroamericanas se comprometieron a adecuar sus marcos normativos para la interdicción e interceptación del narcotráfico internacional, lo que deberán concluir en un año y medio.

La ambiciosa estrategia para la cual pidieron financiamiento y apoyo político de otras naciones, plantea que en 18 meses se adquieran equipos, medios de transporte, comunicaciones y tecnologías que serán utilizadas en puestos de control, vigilancia y patrullajes fronterizos con el objetivo de detectar el tráfico de armas, drogas, precursores químicos y trata de personas.

En 48 meses deberá estar lista una plataforma tecnológica centroamericana para el intercambio de información en tiempo real en la lucha contra el delito.

Los componentes que tienen cinco años para ser implementados son los convenios con otras naciones para prevenir la violencia contra las mujeres, el feminicidio y la trata de personas.

La inseguridad ciudadana en Centroamérica se caracteriza, en la actualidad, por dos fenómenos principales: a) un alto índice de la criminalidad con graves expresiones de violencia y un incremento notorio de la violencia homicida y b) el incremento de la actividad de la delincuencia trasnacional organizada , se argumenta en el documento.