La credencial para votar del Instituto Federal Electoral (IFE) se ha convertido en un tema de debate en el Congreso de la Unión e incluso en dependencias de seguridad pública, debido a los recurrentes robos o pérdidas.

Estos hechos ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos por el alto número de información que contiene y que es usada por la delincuencia organizada.

A diferencia de otras naciones como Colombia donde se utiliza la cédula de identidad para votar que no contiene datos a la vista que pueden ser usados por los criminales, en México a la par de la certeza que puede dar la credencial de elector en temas de votación se ha convertido en un riesgo en materia de seguridad y violencia.

De acuerdo con el IFE en los comicios intermedios de 1991 se realizó el primer esfuerzo por contar con una credencial para votar en México, aún sin fotografía, de la cual se emitieron y entregaron 36 millones a igual número de ciudadanos.

Después de esas elecciones y como un paso adicional para asegurar mayor transparencia y confiabilidad, el Consejo General del Instituto aprobó, el 3 de julio de 1992, el nuevo modelo y diseño de credencial de elector.

La principal característica del plástico fue la incorporación de la fotografía de su titular, la cual desde entonces y por ley ha sido usada como instrumento de identificación oficial.

Para las votación intermedia de 1997 se introdujo otra novedad que consistió en incorporar la fotografía de los ciudadanos en los listados nominales, con lo cual se incrementaron los mecanismos destinados a garantizar y asegurar la efectividad del sufragio.

En la actualidad son poco más de 84.5 millones de mexicanos quienes tienen la credencial del IFE.

De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), en seis de cada 10 casos las bandas de secuestradores usaron la credencial para votar con fotografía de la víctima como medio de extorsión y amenaza.

Al respecto, el diputado priÍsta Humberto Lepe Lepe promueve una reforma para excluir datos como el domicilio de los ciudadanos, porque esto se ha convertido en una herramienta que favorece las prácticas criminales de extorsión y secuestro .

Cifras del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal indican que el delito de extorsión refleja un crecimiento exponencial en los últimos siete años.

De acuerdo con los datos del centro, en 2002 se registraron 53 casos del mencionado acto ilícito, mientras que en el bienio 2007-2008 el promedio fue de 50,000 casos por año, sumando las tentativas y los actos consumados, que usaron los datos del domicilio como arma.

De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma al Cofipe, se señala que en el mercado negro se venden las credenciales robadas o extraviadas al crimen organizado, ya que ésto las utiliza para localizar el domicilio y nombre de sus probables víctimas.

De hecho asesores de la Procuraduría General de la República recomiendan no portar la credencial de elector, a menos que se tenga planeado hacer algún movimiento bancario o de otra índole donde se ocupe, como una medida para evitar que los delincuentes conozcan en dónde vive la víctima , se indica en la iniciativa.

Por ello, propuso reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para derogar la fracción d del Artículo 200, a fin de eliminar el requisito de incluir en la credencial de elector para votar el domicilio de la persona.

Al respecto, el diputado del PRI y miembro de la Comisión de Justicia, Arturo Zamora Jiménez, dijo que ante la ola de violencia e inseguridad se debe analizar otro esquema de credencial de elector, como lo que usan en otras naciones como Colombia, donde no se incluyen datos como el domicilio o el código postal.

Son credenciales o identificaciones con códigos de barra de seguridad, los cuales sólo pueden ser leídos por autoridades y no están a la vista de todos, con lo que evita que se ponga en una situación vulnerable a los ciudadanos cuando esos documentos llegan a manos de delincuentes , resaltó.

Recordó que recientemente la Cámara baja aprobó sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien cometa robo de identidad con fines de fraude, pena que se establece ante el alto número de delitos derivados del robo de tarjetas de crédito, credenciales de elector y otro tipo de identificaciones.

En la minuta que se mantiene en la congeladora , el Senado añade que a los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera para apoderarse del dinero, sino que para ellos es más lucrativo apropiarse de identificaciones para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de débito, cheques y cualquier documento con información personal .

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, cada año por lo menos 400,000 personas son víctimas de robo de identidad, siendo Internet el principal medio.

Zamora Jiménez indicó que el Banco de México reportó que los criminales obtuvieron en 2010 al menos 108 millones de pesos a través del robo de identidad, cifra superior al robo por cajeros automáticos que en ese año fue de 87 millones de pesos.

MIF