El diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Medio Ambiente y de Energía así como a la Comisión Nacional del Agua, a consultar a especialistas sobre la construcción de una presa hidroeléctrica en esa entidad y realizar una consulta pública.

Asimismo, solicitó dar publicidad a los estudios de impacto ambiental de la obra y garantizar la viabilidad de propuestas alternativas para evitar la afectación de personas y comunidades en la zona de ejecución.

El secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, señaló que ante la inminente construcción de la presa hidroeléctrica que se pretende realizar bajo la modalidad de proyecto de prestación de servicios, es necesario tomar en cuenta la posición de la comunidad veracruzana, en particular de los habitantes de los municipios aledaños al río Los Pescados , en la cuenca Jalcomulco.

Aseguró que no se han garantizado ni se han hecho públicos los estudios especializados sobre el negativo impacto ambiental ecológico y social que se presentará en la zona, a mediano y largo plazo, y menos aún se avala el respeto a las personas y comunidades que serán afectadas con la hidroeléctrica.

Por ello, también propuso exhortar al Congreso del estado de Veracruz a realizar la máxima publicidad del expediente y modelo de contrato del proyecto de propósitos múltiples Xalapa, autorizado en el acuerdo del Congreso de la entidad y publicado en su gaceta el 12 de marzo de 2013.

De igual forma, pidió al gobernador de Veracruz dé máxima publicidad al contrato suscrito con la empresa brasileña Odebrecht y los acuerdos de accionistas por los que se obliga al estado al pago del aumento de capital por 355 millones 795 mil 600 pesos, así como los resultados y dictámenes correspondientes del impacto ambiental del proyecto, en el marco del contrato en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de CV.

También planteó solicitar al Ejecutivo federal que, a través de las Secretarías de Medio Ambiente y de Energía así como de Conagua, garantice la consulta pública a los habitantes de la región y de especialistas en materia ecológica sobre la obra a realizar y la publicidad de los estudios de impacto ambiental de la misma.

Así como garantizar la viabilidad de propuestas alternativas para evitar la afectación de personas y comunidades en la zona de ejecución.

Igualmente, agregó, pedir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar los alcances y afectaciones que en esta materia genera el proyecto a personas y comunidades de la región, adoptando las medidas cautelares necesarias para evitar la violación a los derechos humanos de los habitantes de la zona.