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Dictamen del incendio exime a las autoridades
Autoridades de NL y de la PGR concluyeron en su peritaje que el Casino Royale cumplía parcialmente con medidas de seguridad y la causal determinante del siniestro tuvo que ver con las acciones criminales.
El exceso de gasolina vertido en las intalaciones y en las afueras del Casino Royale, y los 40 segundos que tardó en generarse la conflagración fueron detonantes de la desgracia que arrebató la vida a 52 personas en el establecimiento de apuestas de Monterrey, Nuevo León, concluyeron las procuradurías de Justicia del Estado (PGJE) de Nuevo León y General de la República (PGR).
A 104 días de los hechos, el procurador Adrián de la Garza y el subprocurador federal, Cuitláhuac Salinas, en Monterrey, emitieron el informe y la PGR distribuyó un documento en el que establece que sólo falta capturar a Francisco Medina, a quien señalan como líder de Los Zetas en esa ciudad, por el que ofrecen una recompensa de 15 millones de pesos.
Además, la PGR incluye al líder fundador y original de Los Zetas, Heriberto Lazcano, por quien ofrece una recompensa de 30 millones a quien ofrezca datos verídicos que lleven a su captura.
El Procurador de Nuevo León aseveró que el Casino Royale cumplía todos los requisitos de seguridad que establece Protección Civil, por lo que lo deslindó de responsabilidad, debido a que los asesinos rociaron 200 litros de gasolina, que en 40 segundos convirtieron el local en cenizas.
Según los peritajes de ambas dependencias, el local contaba con ocho puertas dos en el sótano, cuatro en la planta baja y dos más en la azotea, así como 40 extinguidores perfectamente identificables y rutas de evacuación en caso de algún siniestro.
Las pruebas periciales presentadas ayer arrojaron, que los recubrimientos, alfombras, muebles y telas del casino tenían una sustancia retardante para fuego y el único incumplimiento fue que los señalamientos de evacuación no eran visibles desde 360 grados , como establece Protección Civil.
De la Garza, aseveró que del peritaje no se deriva responsabilidad penal alguna para autoridades civiles, municipales o estatales pero -anunció- dará vista a las respectivas administraciones por si procede la aplicación de alguna responsabilidad administrativa.
rtorres@eleconomista.com.mx
