La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó por unanimidad de votos destituir al administrador fiscal número uno, dependiente de la Secretaría de Finanzas del estado de Guerrero, Antonio Peláez Herrera, quien es pariente político del ex gobernador de la entidad, Ángel Aguirre, por incumplir con una sentencia de amparo.

Rivero se negó a devolver a una empresa inmobiliaria lo que pagó por derechos registrales, luego que un juez le concedió a la empresa que no se le aplicará lo dispuesto en las fracciones VI y XXII del artículo 83 de la ley de hacienda del estado.

La empresa comenzó el proceso legal en marzo del 2014 en contra de Antonio Peláez Herrera, quien es primo de la esposa del ex gobernador y quien obtuvo su cargo como administrador fiscal durante el periodo del perredista Ángel Aguirre.

Los ministros del pleno votaron a favor de la destitución, pues se demostró repetición del acto reclamado e incumplimiento de la sentencia de amparo. A su vez, coincidieron en que el funcionario guerrerense actuó con dolo, pues pasó más de un año para devolver los recursos reclamados por la empresa.

Al respecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que: El tribunal colegiado hace un nuevo requerimiento para que se cumpla con la sentencia, no obtiene respuesta, remite los actos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya hasta que están aquí los autos, es que la autoridad devuelve las cantidades y cumple con la sentencia de la segunda denuncia de repetición de acto reclamado .

En este sentido, argumentó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: Desde otra óptica narrativa, en estos casos el dolo se presume, ¿por qué?, porque al haber una sentencia que es clara, no hay pretexto para que la autoridad no sólo no la cumpla, sino reitere el acto reclamado .

De acuerdo con lo expuesto en el pleno, en caso de que el implicado ya no ocupe el cargo en cuestión, sólo se dará vista al Ministerio Público, para que deslinde las responsabilidades del caso.

En esta misma sesión de pleno, los ministros dejaron pendiente el caso del alcalde de Coacalco, David Sánchez Isidoro, quien no cumplió un amparo que ordena el pago de 1.1 millones de pesos. El proyecto inicial proponía destituirlo aunque la resolución del asunto se aplazó.

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