La figura de extinción de dominio registró inutilización por parte del gobierno federal desde su implementación en el 2009, con el propósito de incautar propiedades al crimen y el narcotráfico. De ese año a diciembre pasado, el gobierno sólo decomisó con ese instrumento jurídico dos casas y menos de 1 millón de pesos.

Desde el 2009, cuando el Congreso le entregó al entonces Presidente Felipe Calderón esa figura para atacar las estructuras financieras y operativas de las bandas, el gobierno sólo abrió 29 juicios de extinción, de los cuales sólo se desprendió el decomiso de dos casas, cuyo valor es de 2 millones 347,000 y 1 millón 087,000 pesos respectivamente, y la extinción en favor del Estado de 865,261 pesos.

A través del mecanismo de transparencia, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en el 2009, el primer año de operación de la ley de extinción del dominio, no se inició ningún juicio contra los bienes de delincuentes.

Un año después, el Ministerio Público Federal abrió apenas un juicio. El 2011 fue el año con más casos registrados hasta ahora, con 19 expedientes. El año pasado bajó a nueve el número de juicios promovidos por el gobierno federal para la incautación de bienes.

Al responder una petición de información, con número 0001700004513, la PGR informó que desde el 2009 a diciembre pasado sólo se tienen en calidad de asegurados un bien mueble y nueve propiedades inmuebles, hasta que un juez determine si los propietarios utilizaban para la comisión de algún delito como secuestro, extorsión, venta de sustancias prohibidas, entre otras actividades ilícitas.

La PGR indicó que a la fecha se tienen abiertos y en proceso de ejecución siete juicios, en los que se alega la presunta utilización de bienes por parte de delincuentes para cometer delitos.

PAGO A VÍCTIMAS

El artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio establece que los bienes que sean declarados decomisados en favor del Estado serán un fondo para resarcir el pago de daños a las víctimas de los delitos que se hayan cometido en la propiedad o con el dinero de los delincuentes. Además, la Ley General de Víctimas también plantea que la reparación del daño será con los recursos que se obtengan mediante la ley de extinción del dominio.

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