El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, con 291 votos a favor  114 en contra y cinco abstenciones la creación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes y la Ley Orgánica de Administración Pública Federal en la misma materia.

De acuerdo con la minuta de reformas aprobada, que se turnó al Ejecutivo federal para que se publiquen en el Diario Oficial, y posteriormente entren en vigor, podrán ser objeto de extinción de dominio los bienes que, tras decisión judicial, aunque no siempre, estén vinculados con los delitos de delincuencia organizada; secuestro, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolítiferos y petroquímicos, los delitos contra la salud, la trata de personas, delitos por hechos de corrupción, los delitos cometidos por servidores públicos, el robo de vehículos, los recursos de procedencia ilícita, la extorsión, entre otros.

La extinción de dominio, según la norma aprobada, se define como la “pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a los que se refiere la presente ley declarada por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”.

Asimismo, la ley de extinción de dominio, que es reglamentaria del Artículo 22 constitucional, precisa que la información para la preparación del procedimiento de extinción será confidencial hasta que sea presentada ante las autoridades judiciales.

Las personas que sean sujetas bajo esta norma deberán comprobar que sus bienes tienen una procedencia lícita.

Este postulado fue fuertemente criticado por las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD, que acusaron que tal como está redactada la ley se puede incurrir en abusos.

Y es que en el artículo 14 de la ley se indica que “la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en el párrafo cuarto del Artículo 22 de la Constitución, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la presente ley”.

Pese a esto, un artículo más abajo se estipula que siempre se “presumirá la buena fe” en la adquisición de bienes.

Los delitos tipificados en el artículo constitucional al que se hace referencia son los relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, entre otros.

Así también la ley indica que la extinción de dominio se aplicará aun cuando el dueño de los bienes en disputa haya muerto.

Qué incluye la normativa

La Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución, estipula que los bienes relacionados con hechos de corrupción, robo de hidrocarburos, delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, delitos cometidos por servidores públicos, entre otros, serán sujetos a la extinción de dominio.

Para la aplicación de la extinción de dominio sobre los bienes de una persona deberá haber un fallo judicial.

No obstante, existe la posibilidad de que aplique la extinción de dominio antes de que exista una decisión de las autoridades judiciales.

La extinción de bienes se aplicará incluso cuando el imputado haya fallecido.

El fiscal general de la República deberá dar un informe ante el Senado cada año en el que dé cuenta sobre los bienes de los cuales se ejerció la ley, los recursos económicos que se obtuvieron tras su enajenación, entre otras disposiciones.