Con la promulgación por parte del presidente Enrique Peña Nieto de la reforma política del DF, el pasado viernes, en la que se establece la desaparición del distrito federal y la creación de la Ciudad de México, donde los poderes de la ciudad tendrán todas las facultades, como sucede con todos los estados y de conformidad con el Artículo 124 constitucional; una transformación que lejos de atender los principales problemas de la capital, parece responder a motivos políticos del Ejecutivo federal y del jefe de Gobierno, opinó el equipo de analistas del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

Ximena López, Mireya Moreno, Carlos De la Rosa y Rafael Vega advierten que si bien el órgano Constituyente podría sentar bases para una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana, esto no será inmediato y puede verse estropeado por el reparto de cuotas entre partidos y actores políticos que no requieran entender mejor las necesidades de la ciudad y sus habitantes.

Para el equipo de este instituto de análisis político, los más de 50 cambios constitucionales que contempla la reforma política, transformaron el carácter del distrito federal, sin que éste llegase a convertirse en un estado, ya que queda en calidad de entidad.

Ello implica que la Ciudad de México permanecerá con un carácter sui géneris dentro del federalismo mexicano. En primer lugar, las delegaciones dejarán de llamarse así, para ser simplemente demarcaciones territoriales gobernadas por una alcaldía. A diferencia de los municipios, dichas instancias continuarán siendo órganos políticos administrativos sin personalidad jurídica propia, ni patrimonio.

Por otro lado, uno de los aspectos positivos para el CIDAC de esta reforma es que la próxima constitución política de la Ciudad de México tendrá que establecer fórmulas para la distribución de los presupuestos de las demarcaciones territoriales.

En relación con la constitución política, los analistas indican que si bien este instrumento constitucional podría establecer canales innovadores de participación política para los ciudadanos, no tiene el potencial para modificar los problemas cotidianos de los capitalinos.

Lo anterior, debido a que las condiciones de seguridad, movilidad y servicios públicos dependen de acciones, gestión y política pública. El órgano constituyente podría sentar las bases de una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana, pero ello no será inmediato y puede verse entorpecido por el reparto de cuotas entre partidos y actores políticos que no necesariamente deben velar por los intereses ciudadanos, concluye el CIDAC.