La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma al artículo 19 de la Carta Magna por la que se amplía el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

En la sesión de este jueves en la Cámara Baja, se anunció la constitucionalidad de la reforma después de que 20 congresos estatales la aprobaron.

Se trata de los legislativos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

La reforma aprobada en principio por el Senado y luego por la Cámara de Diputados, y por la cual se organizaron diferentes foros, contempla tipificar con prisión preventiva los delitos de feminicidio, robo a casa habitación y uso de programas sociales con fines electorales.

Asimismo, corrupción en la vertiente de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, además de robo a transporte de carga en cualquier modalidad, el robo de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos, la desaparición forzada de personas cometida por particulares, entre otros.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, indicó: “El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo 19 de la Carta Magna en materia de prisión preventiva oficiosa. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”.

Antes, la secretaria de la Mesa Directiva, la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), informó que se recibieron 20 votos aprobatorios de los congresos estatales.

El siguiente paso es que el Ejecutivo federal la publique en el Diario Oficial de la Federación.

Robo a transporte

En su momento, el dictamen aprobado en San Lázaro, en los términos en los que se envió de la colegisladora, estipulaba que aquella persona que fuera acusada de robo de autotransporte, entre otros delitos, sería encarcelada por decisión de un juez que estaría obligado a siempre pronunciarse en ese sentido hasta que el imputado tenga un dictamen de su juicio; lo anterior sin importar que se presuma su inocencia.

Se estipuló que dicha medida respondía a la grave crisis de inseguridad que se suscita en México y a los aumentos en la incidencia delictiva.

“Por cuanto hace al robo a transporte de carga, la cámara de origen (Senado) refiere que en los últimos cinco años se ha incrementado en 106%, lo anterior de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo (...) Respecto al robo de autotransporte de pasajeros, de enero a agosto del 2018, se reportaron 8,765 casos; estos ilícitos penales impactan de manera directa en la economía del país, en la generación de empleos y en la distribución de materias primas”, se expuso en el dictamen votado.

Para la aprobación de la reforma hubo diversas audiencias en las que expertos, empresarios y Naciones Unidas, entre otros, se pronunciaron a favor y en contra. (Con información de Héctor Molina)