El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) de la Secretaría de Bienestar, organismo que tenía la facultad de diseñar y aplicar programas que permitan prevenir y combatir causas como el embarazo adolescente, además de otorgar recursos a refugios de mujeres y servir como un vínculo entre las organizaciones sociales y las instancias de gobierno.

Justo un día de que finalizara el 2021, el mandatario mexicano ordenó la eliminación del Indesol, para crear la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, la cual absorberá la mayoría de las funciones de dicho instituto creado en 1994.

Asimismo, se marcan las funciones que tendrá la Dirección General, que en su mayoría son idénticas a las otorgadas al Indesol, con excepción de que la nueva dirección deberá coadyuvar con la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, en la formulación de lineamientos para la organización y participación de los grupos sociales en la planeación, ejecución, seguimiento y supervisión de los programas de desarrollo social, desde una perspectiva de cultura de la paz y cohesión social, en el ámbito de su competencia. Mientras que el Indesol era quien tenía la tarea de formular dichos lineamientos.

Lamentan acción

Algunas diputadas de oposición lamentaron la desaparición de dicho instituto y argumentaron que lo anterior representa un grave retroceso para los derechos humanos de asociación y participación en asuntos públicos.

“Terrible retroceso en Derechos Humanos y democracia, poniendo de manifiesto el rechazo a la labor incansable y solidaria de las ONG”, sostuvo Laura Barrera Fortoul, diputada federal (PRI).

Por su parte, Teresa Castell (PAN) dijo que “la destrucción de instituciones” es distintivo de la actual administración. Mientras que Norma Aceves (PRI) detalló que el Indesol no pertenece a ningún partido político o administración sexenal, “es fruto de la lucha de años, de miles de personas y OSC’s q buscan mejorar sus condiciones de vida”.

maritza.perez@eleconomista.mx