En México, la tasa de víctimas junto con los actos de corrupción y el costo total que conlleva esta práctica ilícita dentro de instituciones de gobierno, crecieron de manera significativa durante 2019.

A través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó que, durante 2019, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en el 2017 a 15,732 el año pasado.

Lo mismo ocurre con la tasa de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, la cual pasó de 25,541 actos por cada 100,000 habitantes en el 2017 a 30,456 en el 2019.

En este contexto, el costo total por corrupción el año pasado —en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades— fue de 12,769 millones de pesos, lo que equivale a 3,822 pesos promedio por persona afectada.

Un incremento de 64.1% en comparación con el 2017, cuando el costo total de esta práctica fue de 7,780 millones, es decir, 2,450 pesos en promedio por ciudadano afectado.

Sobre la confianza en instituciones o actores de la sociedad, el gobierno federal presentó una mejora al duplicar sus porcentajes, ya que pasó de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

Los partidos también mostraron incrementos en la confianza, al pasar de 17.8% a 24.6% en el mismo periodo.

Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, el hecho de que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujera, mientras los actos de corrupción crecen, es una predicción de que se deben hacer ajustes en la política anticorrupción federal o la percepción de los próximos años descenderá.

En concreto, dijo, en licitaciones, trámites y el contacto del ciudadano y gobierno, además de que las cifras del Inegi sobre el tema también dan señales de que algunas de las herramientas o políticas contra la corrupción no llegan a la gente.

“La austeridad republicana no tiene un efecto de lo que está pasando en las ventanillas, claramente es lo que muestra el estudio (de Inegi)”.

El experto en temas de corrupción advirtió que lo más probable es que la percepción cambie en el futuro, es decir, si la corrupción no se reduce en la vida cotidiana, “el voto de confianza en el gobierno se va ir reduciendo”.

“Entonces, la frecuencia de corrupción en trámites y servicios es un predictor de lo que será la percepción en los próximos años”.

Enfatizó que los resultados de esta encuesta son una señal de que no es suficiente un cambio de discurso dentro del gobierno federal, sino que también tiene que cambiar la realidad.

“Puedes controlar o enfrentar ciertas formas de gran corrupción, por ejemplo, con la activación de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero si los trámites y la relación directa con el ciudadano no cambia, habrá problemas”.

Por su parte, José Antonio Álvarez, profesor investigador de la UNAM en temas de corrupción, recordó que generalmente cuando se habla de percepción, no necesariamente significa que las cosas se estén haciendo bien; sin embargo, en el caso de la encuesta del Inegi, se puede traducir que pese a que el gobierno tiene voluntad de cambiar la corrupción, “la maquinaria o el sistema no está cambiando.

“Lo que nos están diciendo los datos duros es que sigue bajo las mismas lógicas, pueden cambiar los modos, pero sigue habiendo modelos corruptos dentro de la policía, en la política o formas ineficaces de luchar contra la corrupción”.

Es decir, agregó, el sistema en sí no ha cambiado pero puede ser que se esté moviendo.

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