Una simple reforma de instituciones, aunque necesaria, no es suficiente para abatir el problema de los cárteles de drogas ni tampoco se resuelve en automático a través de una política de legalización de estupefacientes, pues para ello se requiere un Estado fuerte que establezca y haga cumplir las reglas, expuso Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

A través de la teleconferencia: La inseguridad en México y Centroamérica: Los costos sociales de la delincuencia organizada, instituciones gubernamentales débiles y fronteras descontroladas del Instituto de Política Migratoria (MPI) y del Programa de América Latina del Instituto México del Woodrow Wilson International Center; el investigador destacó que, para atender el problema de violencia generada por los cárteles de drogas, se requiere elevar la capacidad del Estado, actuar en los terrenos de la seguridad pública, control de violencia y justicia.

Las dos capacidades más fundamentales en este ámbito son: la parte policiaca; una policía moderna, capaz de actuar, y un sistema judicial susceptible de administrar y hacer valer la justicia y capacidad de sancionar , dijo .

EL DIAGNÓSTICO REGIONAL

Los países del triángulo norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen las tasas más altas de homicidio en el mundo y aunque los niveles nacionales son más bajos en comparación con la región, según un reporte de las ciudades más mortales del mundo, cinco de las 10 con mayores cifras, son mexicanas, citó Eleanor Sohnen, analista de Políticas del MPI.

Tanto en México como en los países de la región, hay un uso creciente de armas de fuego para cometer estos crímenes y estos utensilios están más disponibles que nunca, tanto para el traficante como para el pandillero y el ciudadano común. De las 18.4 millones de armas de fuego en México y el triángulo norte, 73% no está registrado, refirió la especialista.

La mayoría del crecimiento de la violencia se asocia con las batallas entre los cárteles: Muchas de las víctimas sí son delincuentes pero otros son transeúntes .

Debe tomarse en cuenta los daños psicológicos y el aumento de precios, como los seguros en contra de siniestros; en México, un análisis muestra la cotización de los autos en lugares donde hay 100 muertes relacionadas con la violencia de la delincuencia organizada por cada 100,000 habitantes, el costo de seguros de coches aumentó en 25 por ciento.

Víctimas o los que temen convertirse en una pueden elegir gastar su dinero en seguridad privada, dinero que no estará disponible para educación, inversión o para ahorros. Empresas también enfrentan costos directos por propiedad dañada. La industria en México, El Salvador, Guatemala y Honduras consistentemente perciben la delincuencia como uno de los mayores obstáculos a su crecimiento.

Sumado esto, para el 2000, se estimaron que los costos por violencia para la economía mexicana tomaron 12.3% del Producto Interno Bruto y para el 2009, se estimó en 8.9% del PIB; 80% del cual fue pagado de manera individual o por empresas privadas.

Hay una muy fuerte relación entre el homicidio y el crecimiento económico en la región; se estima que reducir las tasas un 10%, aumentaría el crecimiento en 1% en el Salvador y 0.7% en Guatemala y Honduras.

El costo no sólo puede ser medido en términos económicos, impacta el ámbito social. Alrededor de 70% de mexicanos y centroamericanos está de acuerdo con que la delincuencia es una amenaza muy grave para el futuro de su sociedad. Las personas que perciben mayores niveles de actividad de pandillas en sus vecindades tienen menos confianza y el miedo de convertirse en víctima puede resultar en la restricción de actividades recreativas, educativas y económicas .

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