Una tragedia como la ocurrida en la Línea 12 del Metro, ocasionada por evidentes problemas de omisiones, negligencias y una posible red de corrupción, evidencia también una precariedad institucional en materia de prevención, investigación y sanciones, alertaron expertos en materia de anticorrupción.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, recordó que el sector de la construcción es uno de los más afectados por la corrupción en el mundo, con cifras que alcanzan trillones de dólares de corrupción, mientras que en México la legislación y los esfuerzos para controlar la corrupción en este sector siempre llegan tarde.

El experto expuso que en nuestro país lleva más de 10 años atorada una nueva ley de contratación pública, y que existen unas 120 formas en las que empresas le venden al gobierno obras.

Cuando se modifica normalmente la ley de obra pública es para algún grupo de interés, jamás está pensada del lado del consumidor o el ciudadano (…) lo cual genera un problema de prevención, de investigación, de sanción”, lamentó.

El experto en materia de anticorrupción también resaltó que a raíz de lo ocurrido con el colapso de una trabe en la Línea 12, “la sociedad está diciendo que la corrupción mata… (lo) está empezando a reconocer la gente”.

Indagatorias

Bohórquez expresó que ante los grandes casos de corrupción que se han presentado en México, es difícil obtener sanciones penales, ello pese a que se habla de abrir carpetas de investigación, las cuales muy pocas veces se judicializan mientras que, al hablar de materia administrativa, se observan inhabilitaciones que posteriormente son revocadas por jueces.

La pieza más grave, apuntó, es la falta de reparación del daño a las víctimas de corrupción, “cuando se paró la Línea 12 hace seis años, medio millón de personas fueron afectadas y jamás hablamos de ellas”.

En tanto, Marco Fernández, investigador de México Evalúa enfatizó que, en cualquier democracia, cuando pasa una tragedia como la ocurrida en la Línea 12, ocasionada por evidentes problemas de omisiones, negligencias y una posible red de corrupción debe haber responsabilidades también políticas.

“Tienen que pagar tanto política como jurídicamente la red de responsables que están detrás de esto (...) Aquí se evidencia la precariedad institucional de garantizar que la supervisión técnica de la construcción realmente conlleva responsabilidades que garanticen que las cosas se construyan de manera adecuada”, dijo.

El especialista lamentó que persisten problemáticas para lograr implementar mecanismos efectivos de vigilancia en las contrataciones y la construcción de las obras aunado, dijo, a los retos que implica combatir las claras complicidades y actos corrupción de las empresas en las obras públicas.

maritza.perez@eleconomista.mx