La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) un informe detallado sobre las acciones para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos y de combustibles.

El informe, para cuya presentación se fijó un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación del acuerdo, deberá contener, además, las denuncias y personas detenidas y procesadas por dicho delito.

De acuerdo con el dictamen avalado por la Primera Comisión de la Permanente, a propuesta del PRI, el Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y faculta a las autoridades federales a sancionar con mayores penas y con mayor ahínco ese ilícito.

Las reformas a los códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales y a la Ley contra la Delincuencia Organizada para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionarlo hasta con 18 años de cárcel entraron en vigor el 24 de octubre y consideran castigar hasta con 10 años de prisión a los propietarios de gasolineras que alteren bombas para expender menos gasolina y diésel.

Sin embargo, cita el acuerdo, según cifras de Pemex este delito ha aumentado, pues durante el 2011 se detectaron 1,254 tomas clandestinas en el territorio nacional, lo que representa un incremento de 76% respecto del 2010, cuando se detectaron sólo 710.

De ahí que los legisladores consideran indispensable conocer a cabalidad las acciones realizadas, los operativos y las sanciones que las autoridades federales han llevado a cabo para detener esos ilícitos y para disuadir y prevenir que se incurra en ellos.

Las condiciones de inseguridad en el país y la corrupción que contribuye a hacerlas posibles afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también trastocan los activos económicos y energéticos de nuestra nación , establece el dictamen.

Por último, se precisa que el robo de combustible es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de hidrocarburos, además de que flagela la economía y la confianza en los sistemas de seguridad y en algunas autoridades.

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