Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales de Toluca, fue asesinado a las afueras de su domicilio en el municipio de Metepec, Estado de México.

Los primeros indicios refieren que el juez recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza al salir de su domicilio. Al lugar del ataque arribaron elementos estatales y federales para trasladar al juez federal a un hospital regional del IMSS, ubicado a una cuadra de los hechos; sin embargo, murió antes de ser intervenido.

Tras el asesinato, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la PGR atraer la investigación del atentado contra el juez federal Vicente Antonio Bermúdez.

He dado indicaciones a la procuradora general de la República (Arely Gómez) para que atraiga este asunto, se realicen las investigaciones correspondientes, y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho , informó en su mensaje inaugural de la 59 reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados; la funcionaria presenció el acto.

Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, condenó la muerte del juez federal y demandó a las autoridades investigar y resolver este crimen, así como garantizar la seguridad de los jueces y magistrados. La Procuraduría General de la República será la responsable de llevar a cabo la carpeta de investigación por homicidio doloso, debido a que la víctima ejercía un cargo federal.

Al iniciar los trabajos del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Aguilar Morales expresó: Los jueces y juzgadores federales son personas que dedican su vida, integridad personal, moral y física al servicio de impartición de justicia federal en nuestro país, y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia .

Antonio Bermúdez trabajó sobre casos relevantes de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Entre los más destacados se encuentran el derribo de uno de los helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Abigael González Valencia, y la suspensión de extradición de Joaquín el Chapo Guzmán.

Además llevó los casos de Miguel Ángel Treviño Morales el Zeta 40, líder del cártel de los Zetas; el de Gildardo López Astudillo, el Gil, vinculado a la desaparición ocurrida hace más de dos años de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; y el más reciente, el caso de amparo del director del diario Unomásuno, Naim Libien Kaui.

A su vez la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que realiza los trámites y gestiones necesarias para otorgar asesoría y apoyo a la familia del juez federal.

El comisionado presidente, Julio Hernández Barros, ofreció al Poder Judicial federal todo el respaldo que requiera la familia del juzgador, así como la atención inmediata y asesoría jurídica federal, como lo establece la Ley General de Víctimas.