En un país donde 98.5% de los delitos quedan impunes y la violencia se incrementó a raíz de la lucha en contra del crimen organizado, las mujeres son asesinadas, secuestradas, levantadas, tratadas o utilizadas como botín de guerra debido a la falta de oportunidades y políticas públicas que procuren justicia e igualdad, expresó la directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW, por su sigla en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz.

Por ejemplo, la activista abundó en entrevista que zonas donde se ha movido de manera conjunta a los cárteles de drogas y los operativos militares para contrarrestarlos, se ha incrementado los casos de embarazos adolescentes, trata de personas y oferta de la prostitución, todas formas de violencia contra la mujer.

Por una imagen pornográfica snuff, es decir, con momentos reales de violencia, se llegan a pagar hasta 50,000 dólares, para Teresa Ulloa son verdaderos ejemplos de tortura y tratos crueles en contra del género femenino.

A ello debe sumarse que los grupos del crimen organizado las emplean como halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales de los jefes de plaza y una vez que se hartan o aburren de ellas, las liquidan y desfiguran para que su identificación sea más complicada, detalló.

La Directora de CATW dijo que si bien se cuenta con el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el Congreso sólo autorizó 400,000 dólares en el 2012 para el apoyo de su ejecución. Si se toma en cuenta que el país es de 10 millones de habitantes, de los cuales 52% es mujer; la cifra resulta insuficiente.

FEMINICIDIOS

Con base en estadísticas recogidas por CATW, los feminicidios aumentaron ante la situación de exclusión, discriminación e impunidad, violencia institucional y estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades; factores agravados por la guerra en contra del narco.

El CATW registra que entre enero del 2009 a junio del 2010 fueron reportados 1,729 homicidios dolosos de mujeres en tan sólo la mitad del país, en 745 casos (43%) las víctimas murieron a consecuencia de actos violentos que implican el uso excesivo de la fuerza.

Esta cifra se desglosa del 2007 al 2008, 1,014; de 2009 a 2010, 890, y de 2010 a 2011, 1,235.

Este Observatorio, compuesto por 43 organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos y la protección de las mujeres, declara que en estos crímenes la discriminación hacia el género femenino se encuentra presente.

En un informe presentado a mediados del 2012 ante del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir, como parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reportaron que de enero del 2010 y junio del 2011, las procuradurías estatales de ocho entidades federativas (DF, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) registraron 1,235 mujeres víctimas de presuntos feminicidios. De éstos, 320 sucedieron en el Estado de México, 169 en Tamaulipas y 168 en Sinaloa.

Crímenes que, a decir de este contingente de organismos civiles, presentan un patrón de impunidad sistémica. Al respecto, Teresa Ulloa explicó que en el país no existe una política integral que garantice el acceso a la justicia para las mujeres y la mayoría de los casos de violaciones y violencia en su contra no es correctamente investigada ni sentenciada.

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