Cherán encendió ayer nuevamente la alerta de las autoridades estatales y federales cuando habitantes de este municipio retuvieron a 16 servidores públicos del estado, en protesta por una emboscada que sufrieron el miércoles pasado, presuntamente a manos de talamontes, y que dejó ocho personas muertas y cuatro heridas .

El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, confirmó que los servidores públicos se encuentran en la cabecera municipal, cuyas entradas fueron bloqueadas para el ingreso y salida por sus pobladores.

De acuerdo con las autoridades, los servidores públicos a los que mantienen bajo custodia pertenecen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Gobierno del estado.

Según la versión oficial, 11 son elementos del grupo de operaciones especiales; cuatro son agentes del Ministerio Público y hay un funcionario de la Secretaría de Gobierno cuyo cargo hasta el cierre de esta edición no había sido revelado.

La retención se dio luego de que dos comuneros de Cherán, pertenecientes a la brigada de seguridad encargada de vigilar los bosques, fueran asesinados por presuntos talamontes.

El municipio se mantiene en estado de alerta, el Concejo Ciudadano que gobierna el lugar ordenó la suspensión indefinida de clases y llamó a la población a no salir de los límites territoriales de la cabecera municipal. Al mismo tiempo, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República para investigar los hechos.

Ayer, el gobierno del estado inició un operativo con la finalidad de vigilar los accesos a la comunidad y realizar patrullajes en toda la zona.

Al mismo tiempo, elementos de la Policía Federal y de las policías Ministerial y estatal fueron desplazados para resguardan el municipio informó el procurador del estado, Plácido Torres Pineda.

El funcionario afirmó que también alrededor de 60 policías adscritos a la dependencia a su cargo han sido desplazados a la zona de conflicto para apoyar a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Federal.

El secretario de Gobierno, Jesús Reyna, afirmó que sería muy deseable que el Ejército se sumara a la vigilancia en Cherán.

Pero la preocupación por la tensión llegó hasta Jalisco. La Secretaría de Seguridad Pública informó que también elementos de su corporación vigilan la región sureste de la entidad, en los límites con Michoacán, tras el ataque en Cherán.

HECHO LOCAL, AFIRMA DEPENDENCIA

PGR RECHAZA PARTICIPACIÓN EN LA INDAGATORIA

La Procuraduría General de la República (PGR) no interviene en la investigación de la emboscada en el municipio de Cherán, Michoacán; la indagatoria se encuentra en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán toda vez que se trata de un hecho local, informaron fuentes federales.

Aunque se difundió que el Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, que rige los destinos de ese municipio de manera autónoma desde 5 de febrero, cuando expulsó a los partidos políticos y al Presidente municipal, solicitó la intervención de la Procuraduría, la fuente consultada negó que hubiera una petición en ese sentido, abundó que la solicitud se extendió a la dependencia estatal.

Por el momento, la investigación apunta a las acciones de un grupo del crimen organizado, dedicado a explotar y talar bosques de manera clandestina, contra comuneros del municipio purépecha en el rancho El Cerecito y un ataque más en bosques aledaños, con un saldo de ocho muertos y cuatro heridos, tres de gravedad. La PGR no ha instrumentado tampoco un acta circunstanciada.

Aunque existen elementos de probable participación del crimen organizado -dedicado al tráfico de recursos madereros de forma ilegal- la dependencia, a cargo de Marisela Morales Ibáñez, no participa en la indagatoria, se enfatizó.

EL DATO

San Francisco Cherán, una comunidad purépecha, inició un movimiento por la seguridad el 15 de abril del 2011, cuando bloqueó accesos al municipio y acusó a policías de proteger talamontes, además de que expulsó al edil y a los partidos políticos. Avalados por el IFE, instauraron un gobierno comunal desde el 5 de febrero. Un concejo integrado por 12 personas administra el lugar.