Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores se comprometieron a emitir en 18 meses, a partir de septiembre, el Certificado Único Policial a cada elemento de seguridad estatal, lo cual busca garantizar que sus corporaciones no están vinculadas con la delincuencia organizada.

En Palacio Nacional, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, encabezó la sesión del consejo al que asistieron gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, así como representantes de la sociedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo durante la sesión, sólo en la clausura.

Los integrantes del consejo aprobaron cambiar las reglas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) para que se destine cuando menos 50% a fortalecer a sus policías municipales, con lo cual se dispondrían de 42,000 millones de pesos para ese fin.

El secretario Durazo dijo que para llevar a cabo estas acciones, los gobiernos de los estados cuentan con 11,000 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados, pero “son insuficientes”, de ahí que se proponga cambiar las reglas del Fortamun.

Los integrantes del consejo también aprobaron vincular los C4 y C5 con la Plataforma México; fortalecer las fiscalías estatales; el nuevo formato del Informe Policial Homologado para la puesta a disposición de autoridades de los detenidos; así como un exhorto a los gobiernos estatales para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades de sus cuerpos de seguridad.

Homologación de salarios

El secretario de Seguridad destacó que los gobernadores se comprometieron a expedir el Certificado Único Policial a sus elementos de seguridad, en 18 meses, a partir del 10 de septiembre del 2019. También se aprobó la homologación de salarios del personal de seguridad y custodia penitenciaria, y realizar esfuerzos para crear la Universidad de Seguridad Pública.

El presidente López Obrador hizo un llamado a los gobernadores y a representantes de los poderes Legislativo y Judicial a cerrar filas para atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.

“Lo más importante es que actuemos unidos. Yo siempre voy a respetar a otros poderes, siempre voy a respetar la soberanía de los estados, la soberanía de los gobiernos municipales, el municipio es libre y cada quien en el ámbito de su competencia puede ayudar para que haya paz, que haya tranquilidad, que haya felicidad en nuestro país”, expresó.

Posición de la sociedad civil

En tanto, Mario Arroyo, integrante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebró los acuerdos asumidos, al argumentar que sólo con decisiones basadas en principios técnicos y no coyunturas, se podrá resolver el problema de la inseguridad.

Sin embargo, hizo algunas sugerencias al consejo, entre ellas: compromisos con la protección a las víctimas de los delitos; nombrar al titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro que se encuentra acéfala desde diciembre del 2018 (a sugerencia de Alto al Secuestro); evaluación del mecanismo de Alerta de Género (sugerencia de Animos Novandi); fortalecer la procuración de justicia para reducir la impunidad (propuesta por el Observatorio Nacional Ciudadano); ampliar la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia (a sugerencia de México SOS), y una política de participación ciudadana.

Los acuerdos con gobernadores

  • Cambiar las reglas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para que se destine cuando menos 50% a fortalecer las policías municipales.
  • Capacitación y depuración de las corporaciones de seguridad.
  • Vincular los C4 y C5 con Plataforma México.
  • Fortalecer las fiscalías estatales.
  • Nuevo formato del Informe Policial Homologado para puestas a disposición de detenidos.
  • Exhorto a los gobiernos estatales para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades de sus cuerpos de seguridad.
  • Obligación de los gobiernos estatales de expedir el Certificado Único Policial a sus elementos de seguridad, en 18 meses, a partir del 10 de septiembre del 2019.
  • Homologación de salarios del personal de seguridad y custodia penitenciaria.
  • Realizar esfuerzos para crear la Universidad de Seguridad Pública.