En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, entre el 2013 y hasta junio pasado, se habían generado 49,210 sanciones administrativas a servidores públicos federales por irregularidades en sus funciones.

De acuerdo con el sexto y último informe del mandatario mexicano, de las sanciones aplicadas, 2,301 fueron destituciones de servidores públicos; 13,451, inhabilitaciones, y 16,289, suspensiones de funcionarios.

Las sanciones impuestas a los servidores públicos se realizaron de acuerdo con lo estipulado en dos legislaciones: la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que fue derogada en el 2016, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente desde el 18 de julio del mismo año con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con la nueva ley, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la instancia encargada de sancionar a los servidores públicos, mientras que con la antigua normativa eran el contralor y el Órgano Interno de Control (OIC) de alguna de las dependencias o la Secretaría de la Función Pública (SFP) las instancias encargadas de sancionar.

Entre los motivos de las sanciones, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe, se indica que la negligencia administrativa es la más recurrente, es decir, falta de pericia en las tareas cotidianas que tiene el funcionario público.

Por este motivo se generaron 20,833 sanciones; le sigue anomalías con respecto a leyes y normas presupuestarias, causa por la que se generaron 2,199 sanciones; en tanto que en tercer lugar se posicionaron anomalías en los procedimientos de contratación de obra pública y contrataciones laborales, a partir de lo que se generaron 1,691 sanciones.

La ley derogada estipulaba tres tipos de sanciones graves: inhabilitación, destitución y suspensión, que se aplicaban cuando un funcionario había incurrido en alguna anomalía como el desvío de recursos públicos.

Recuperaciones

Derivado de los informes de irregularidades detectadas por las unidades de Auditoría Gubernamental y la de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP, así como observaciones clasificadas por los OIC como de alto riesgo, se presentaron entre el 2013 y junio pasado 1,478 casos en los que presumiblemente hubo desvíos de recursos públicos.

Sobre ellos, de acuerdo con el anexo estadístico, en el mismo periodo se recuperaron 8 millones 971,900 pesos, no obstante, el costo generado por las auditorías para la recuperación de dichos montos duplica a lo recuperado ya que asciende a 17 millones 776,900 pesos, que derivan de un total de 12,405 auditorías realizadas.

A privados

En el mismo informe del presidente Peña Nieto se precisa que durante casi la totalidad de su mandato se generaron 2,850 procedimientos en contra de empresas que fueron beneficiadas por contratos con la Administración Pública Federal y que incurrieron en anomalías de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las obligaciones contractuales que tenían las empresas con las dependencias federales.

De dichas sanciones, sólo 523 resultaron confirmadas, las cuales ascendieron a multas por un total de 1,650 millones 62,138 pesos.

De este monto destaca un importante aumento entre enero y junio de este año cuando se aplicaron sanciones por 1,123 millones 906,981 pesos; aunque el incremento en el 2018 fue por dos sanciones por el Órgano Interno de Control de Pemex Refinación por un total de 1,086 millones 977,231 pesos.