La fragmentación de los cárteles de la droga en México ha sido uno de los factores más relevantes para las tasas altamente históricas de homicidios dolosos en México, una tasa que se encuentra por arriba del promedio mundial, según se puede observar en el Estudio Global de Homicidios 2019 publicado este lunes por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

De acuerdo con el documento, las muertes por homicidios en el mundo para el 2017, año más reciente al que se hace referencia en el informe —y penúltimo de la administración de Enrique Peña Nieto—, la tasa de homicidios dolosos en el mundo se colocó en 6.1 asesinatos por cada 100,000 habitantes; mientras que la de México para ese mismo periodo se ubicó en 24.8 crímenes por cada 100,000 personas.

Esto significa que la tasa en México es cuatro veces más alta que el promedio obtenido entre 202 países y territorios —en donde vive alrededor de 96% de la población mundial— y que fueron analizados por la ONU en su informe.

Para el caso mexicano, el estudio indica que fue entre el 2007 y hasta el 2015 que los homicidios dolosos en México tuvieron una relación con los crecientes flujos de drogas, no obstante, a partir del último de dichos años la relación entre el tráfico de estupefacientes y los asesinatos se volvió errática.

En este sentido, se realiza una comparación entre México y Honduras; ambas naciones presentaron un incremento sostenido de la violencia homicida a partir del 2007 y hasta el 2011, año en el que ambas naciones comenzaron a experimentar una baja en las tasas de homicidios dolosos.

No obstante, en el caso de México, a diferencia de Honduras que continuó con un declive en la incidencia de homicidios, se volvió a registrar un repunte de la violencia homicida hasta alcanzar más de 30,000 homicidios en el 2017, según consigna el documento.

“Esto parece deberse a la creciente desorganización de la delincuencia, ya que los cárteles dominantes de hace cinco años se fragmentaron y diversificaron. El jefe del Cártel de Sinaloa (Joaquín Guzmán, el Chapo), que dominó numerosos mercados de drogas durante años, fue extraditado a EU en el 2017, y muchos de los líderes del Cártel de los Zetas fueron asesinados o arrestados entre el 2012 y el 2018.

“La desorganización del mercado causada por estos golpes contra los niveles superiores de los principales cárteles parece haber revertido la tendencia a la baja, por lo que las tasas de homicidios comenzaron a subir nuevamente entre el 2014 y el 2017”, se precisó.

La violencia homicida en México ha ido en aumento según consignan los anteriores informes de la ONU sobre homicidios.

En la edición del 2013, el informe precisó que el 2007 interrumpió una tendencia a la baja que se mostraba en los registros de homicidios dolosos “desde niveles comparativamente altos a mediados de los años 50”.

En tanto que para la edición del 2011, el informe consignó que los asesinatos en el país se concentraban en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California que representaban el lugar de residencia de sólo 11% de la población aunque, en dichos estados, se cometieron 41% de los asesinatos registrados en el 2010.

“Además, dentro de esos estados hay más concentraciones: dos tercios de los asesinatos en el estado de Chihuahua ocurrieron en Ciudad Juárez, que alberga 40% de la población del estado, mientras que casi tres cuartos de los asesinatos registrados en Baja California tuvieron lugar en Tijuana, ambos de los cuales están ubicados cerca de la frontera con Estados Unidos”, se acotó en el documento.

En la actualidad y de acuerdo con el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, según sus registros de homicidios dolosos, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en México se ubican 15 de estas 50 ciudades.

Tijuana y Acapulco lideraron el ranking de este 2019 —con datos del 2018— al colocarse como la primera y segunda ciudad, respectivamente.

Se trabaja en auditoría de cierre

La Secretaría de Seguridad informó que trabaja junto a la Secretaría de la Función Pública en una auditoría de cierre con motivo de la extinción de la Policía Federal.

“La prioridad es que la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental, y la Auditoría Superior de la Federación, lleven a cabo un trabajo coordinado para potenciar el alcance de las auditorías de cierre de la Policía Federal”, precisó.

Con motivo de la nota publicada por El Economista este lunes, que indica que hay más de 50 millones de pesos, de los que aún la PF debe aclarar su utilización, la institución comandada por Alfonso Durazo confirmó, mediante una carta enviada al diario, que hay diversas irregularidades en el uso de recursos en la Policía.

“Es preciso señalar que algunas cuentas públicas anuales han reflejado una serie de irregularidades; el recurso público se ha destinado a conceptos injustificados, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado y violando los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento”, expuso la dependencia.

En este sentido, la SSPC indicó que es prioritaria la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad “con integrantes permanentes, sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza, que cumplan con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en todo su ámbito de competencia”.