La profesionalización o endurecimiento de requisitos para cargos de delegados en dependencias federales ha sido impulsada, sin éxito, desde el Congreso de la Unión.

Legisladores de diferentes partidos políticos han presentado iniciativas para cambiar ese panorama.

Actualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estipula que los delegados serán designados por el titular de la dependencia y deben cumplir requisitos como contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva.

Pero en experiencia, la ley indica solamente que se debe haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio , cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa .

Asimismo, los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetan a la Ley del Servicio Profesional de Carrera para su ingreso.

En el 2008, el entonces senador del PRI, Alfonso Elías Serrano, propuso que en la Ley Orgánica de la Administración Pública se estipulara que los delegados no debían haber desempeñado un cargo directivo en un partido político o haber tenido un puesto de elección popular, un año antes de la designación. La iniciativa fue desechada en el 2010.

Un año antes de ese proyecto, en el 2007, el senador Mario López Valdez, entonces del PRI (y posterior gobernador de Sinaloa por la oposición), planteó que para la designación de delegados de la Secretaría de la Función Pública se tomara en cuenta perfil y requisitos específicos del puesto, mediante la evaluación de habilidades, competencias y conocimientos de los aspirantes. En el 2010 fue desechado.

En el 2013, el diputado Fernando Zárate del PRD propuso un cambio a la Ley General de Desarrollo Social para establecer como requisito de delegados que operaran los programas sociales no pertenecer a partido político alguno o haber sido su representante en cualquier instancia electoral, durante los cinco años anteriores al nombramiento. La iniciativa se retiró el mismo año.

En el 2016, la diputada de Morena Margarita Cuata Domínguez presentó la iniciativa de reforma del artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que los delegados de dependencias no hayan desempeñado ningún cargo en algún partido cinco años antes del nombramiento; no haber sido electo o designado como dirigente de un partido al menos tres años previos, y no haber sido candidato a puesto de elección popular, al menos tres años antes. El proyecto sigue en comisiones.

Para el politólogo José Fernández Santillán, las secretarías de Estado tradicionalmente han servido para colocar a los cuates mientras los puestos son ocupados por personal no especializado.

Recién, el titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, declaró en entrevista televisiva que el nombramiento de José Luis Alarcón (exdirectivo en un corporativo de enseñanza del idioma inglés) como delegado de esta dependencia en Morelos fue responsabilidad del gobernador Graco Ramírez.

A decir de Fernández Santillán, estas conductas forman parte del patrimonialismo que aún existe en el país y que data de la época de Porfirio Díaz. (Con información de Ana Langner)