En medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México con el fin de frenar la migración ilegal hacia su territorio, nuestro país enfrenta retos considerables ante los flujos migratorios, por ejemplo, en las solicitudes de asilo.

En México existen al menos cinco tarjetas para acreditar la condición de estancia de un extranjero: Residente Temporal, Permanente, Visitante Regional, Visitante Trabajador Fronterizo y Visitante por Razones Humanitarias. Hasta abril pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) había resuelto 103,108 trámites que incluían la renovación, emisión o regularización de alguna de estas tarjetas.

Derivado de un aumento sustancial de personas que huyen de su país de origen por situaciones de violencia social, guerra o por el temor de que su vida está en peligro y no se les puede garantizar la protección necesaria, el gobierno mexicano brinda el derecho a ser solicitantes de la condición de refugiados o personas con necesidades de protección internacional.

El pasado 28 de enero, la administración federal anunció la suspensión del programa de visas humanitarias, que hasta entonces había beneficiado a poco más de 13,000 personas. Sin embargo, en abril pasado reinició el programa para aquellos migrantes que entren por la frontera sur mexicana.

“Se realizará este procedimiento de manera limitada a las personas cuya situación amerite recibir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Tendrán prioridad mujeres, niñas y niños, así como personas mayores de 65 años”, anunció en su momento el INM.

Las autoridades detallaron que el programa de visas permitiría la estancia temporal en México de los integrantes de la caravana centroamericana y del Caribe.

Sin embargo, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (Comar), encargada de procesar las peticiones de asilo y atender a los migrantes que lo solicitan, cuenta con pocos recursos humanos y económicos para enfrentar todos estos procesos.

Y es que según cifras de Comar, de enero a mayo de este año se habían registrado 24,424 solicitudes de refugio, 195% más que en el 2018, cuando en el mismo periodo había sólo 8,260 solicitudes de asilo. Durante el 2018 se recibieron 29,647 peticiones en total.

Del lado de la frontera norte de México, del 29 de enero —fecha en que se dio la primera devolución por parte de Estados Unidos—, hasta el 24 de junio pasado se internaron en total 15,079 personas originarias de Centroamérica a territorio mexicano, todas ellas en espera de respuesta de asilo del gobierno estadounidense en los distintos puntos fronterizos de nuestro país, un proceso que en el 2018 duró en promedio 578 días.

Mexicanos Contra la Corrupción, a través de un estudio, señala que la Comar tiene en su nómina a sólo 48 empleados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le paga a otros 102 trabajadores y tiene oficinas en sólo cuatro ciudades del país, todas en el sur; aunque la ACNUR dio recursos para abrir oficinas en Tijuana, Monterrey y Palenque, pero aún no operan para atender a tal magnitud de migrantes solicitantes de asilo.

Además, agrega que este año la Comar tiene 20.8 millones de pesos de presupuesto, mientras que el INM cuenta con 1,300 millones de pesos, cuando el año pasado erogó 6,248 millones. “Es decir, de cada peso que el INM gastó, hoy sólo podría gastarse 21 centavos”, añade la organización.

Cabe señalar que una vez que los migrantes son detenidos en México, pueden ser regresados a su país de origen o resguardados en una estación migratoria, mientras se resuelve su situación jurídica.

El trámite de asilo puede tardar 45 días hábiles, plazo que puede extenderse a 90. El INM tiene 58 estaciones migratorias y estancias provisionales, cinco de ellas cerradas. Algunas en lugares como Los Cabos, Baja California Sur, por donde no pasan los migrantes centroamericanos. Sólo hay 4,011 espacios para que el gobierno mexicano hospede a migrantes en detención, señala Mexicanos Contra la Corrupción.

EL DATO

Nuevo incidente en estación migratoria

Cientos de migrantes africanos, asiáticos y haitianos se amotinaron en una instalación migratoria de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, en el segundo incidente de este tipo en una semana.

“¡Libertad, libertad, libertad!”, demandaron a gritos los migrantes que se concentraron en la entrada principal de la Feria Mesoamericana, un albergue que fue habilitado como una extensión de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, según reportes de la policía local.

El incidente se registró por la mañana cuando los migrantes salieron del área de los dormitorios y se dirigieron al portón principal para exigir su libertad.

Una mujer de origen haitiano se tiró al suelo para suplicar ayuda al exterior del albergue, para su hijo de un año.

“Ayuda a mi hijo, está enfermo, ayúdame, ayúdame por favor, mi hijo está enfermo, muchos días, te lo suplico, no hay agua potable, comida, ayuda, ayuda, ayuda, necesito hablar con mi familia”, dijo la mujer.

Militares y policías federales de la recién creada Guardia Nacional lograron contener a los migrantes y evitar que se fugaran.

Hace una semana, las autoridades mexicanas contuvieron otro motín de migrantes en esas mismas instalaciones, quienes reclamaban las condiciones sanitarias, el hacinamiento y la alimentación que ofrece el Instituto Nacional de Migración.

La Guardia Nacional fue desplegada la semana pasada en Chiapas. (AFP)

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