Durante el año transcurrido desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el gobierno de Estados Unidos (EU) ha sido activo impulsor de esta conversión en el país, a la que califica como un mecanismo más transparente y eficiente para atender casos de conducta criminal.

De acuerdo con información de la embajada de EU en el país, la Iniciativa Mérida ha asignado más de 247 millones de dólares sólo para apoyar a México en la transición hacia el sistema de justicia penal.

La gama de proyectos incluye intercambios entre procuradores de justicia estatales, asesorías para laboratorios forenses, entrenamiento, certificaciones, acreditaciones, equipo y seminarios para estudiantes y profesores de la carrera de leyes.

Sobre las dudas que ha desatado la eficacia que los nuevos mecanismos judiciales puedan llegar a tener, la embajadora Roberta Jacobson ha pedido que México no claudique en el camino, pese a los errores que pueda haber durante el proceso de implementación.

Por otra parte, en un reportaje en The Intercept se expuso que la ayuda brindada por el gobierno de EU en la lucha contra las drogas en México continúa llegando a las agencias de seguridad mexicanas, a pesar de que el gobierno estadounidense se encuentra al tanto de que algunas instituciones suelen tener prácticas de abuso de autoridad.

Desde el 2008, México ha recibido más de 2,600 millones de dólares del gobierno de EU, a través de la Iniciativa Mérida, para fortalecer el combate al narcotráfico. Sin embargo, para muchos expertos en seguridad, ésta no es la mejor estrategia, ya que la fijación de objetivos de alto nivel sólo llevó a la desestabilización del mercado de las drogas, lo que ha conducido a una escalada de la violencia.

Según The Intercept, las agencias de Estados Unidos indican que estos esfuerzos son clave para fortalecer la capacidad de investigación de México, pero han hecho poco para cambiar la impunidad de los sistemáticos crímenes contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos de los periodistas .