El Congreso de la Unión analiza un paquete de reformas legales para frenar la infiltración y participación del crimen organizado en los procesos electorales.

Los legisladores estudian imponer de 1,000 a cinco 5,000 días multa y de cinco a 15 años de prisión a quien, en cualquier momento realice, reciba o destine a sabiendas aportaciones de dinero o en especie en favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, sin perjuicio de las penas por la comisión de otros delitos.  

El proyecto de modificaciones al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada precisa que al miembro de una organización delincuencial que intimide o amenace a ciudadanos con el fin de favorecer o perjudicar a cualquier precandidato, candidato, partido político, coalición, o agrupación, o participe en el proceso de selección como precandidato o candidato a puestos de elección popular se impondrá una multa de 500 a 3,000 días de salario mínimo y de tres a ocho años de prisión.

La misma sanción correspondería si el delincuente impide por cualquier medio la instalación, apertura, cierre o clausura de una casilla electoral, obstaculiza o interfiere el desarrollo normal de las votaciones, intimida o amenaza a las personas responsables del funcionamiento de la casilla electoral o impide el traslado y entrega de los paquetes y la documentación pública electoral.

De acuerdo con la propuesta del senador jalisciense Arturo Zamora Jiménez, la infiltración y participación del crimen organizado en los procesos electorales busca la coopta­ción del Estado con intereses ilegales que erosionan el poder público que emana del pueblo y que busca el interés colectivo, por lo que es de suma importancia que las autoridades de todos los órganos de gobierno tutelen el interés general para que los mexicanos cuenten con gobiernos sanos.

Finalmente, considera fundamental garantizar que la representación de los poderes legislativos y ejecutivos, emanados del voto de los ciudadanos, esté en manos de servidores públicos y representantes populares destinados a cumplir por mandato sus cargos, además de respetar los principios democráticos del Estado de Derecho.

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