El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, a través de Ricardo Monreal, presentará esta semana la iniciativa para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que regulará a nivel federal y local dicha figura jurídica; la nueva ley abrogará la ley vigente en la materia.

A partir de diciembre pasado, la extinción de dominio procederá, además de en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, en hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión, y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Se amplió el catálogo de delitos en que procede la extinción de dominio, cita la exposición de motivos de la iniciativa, en atención a la realidad actual de la sociedad mexicana, a fin de hacer frente a la delincuencia que afecta a varios sectores de la población, con objeto de fortalecer el combate al crimen organizado, así como para perseguir los delitos de corrupción.

De acuerdo con el proyecto confeccionado por el coordinador de la bancada senatorial morenista, la nueva ley, que consta de cinco títulos con sus respectivos capítulos, 78 artículos y cuatro transitorios, es reglamentaria del párrafo tercero del Artículo 22 de la Constitución y tiene por objeto la extinción de dominio de bienes a favor del Estado.

La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes de carácter patrimonial y de todas las cosas materiales cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados o vinculados con los delitos establecidos en el Artículo 22 constitucional.

El artículo 10 de la ley prevé que el procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los derechos procesales de los terceros de buena fe.

“En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio tendrán derecho a reclamar la reparación de daño”, cita.

Afectado es la persona titular de los derechos de propiedad del bien sujeto al procedimiento de extinción de dominio.

Promulgada la nueva ley, las legislaturas de las entidades federativas del país dispondrán de un plazo máximo de 180 días para armonizar su legislación respectiva con la federal.