Con un acumulado de 166,000 casos, la Fiscalía General de la República (FGR) necesitaría 13.2 años para resolver el rezago de transición institucional, estimó México Evalúa.

Al presentar el documento “De PGR a FGR: Lineamientos hacia la transición”, la organización puntualizó que el nuevo diseño de la fiscalía deberá priorizar las funciones sustantivas y garantizar una transición ordenada, en términos de personal y cargas de trabajo.

“La autonomía deberá ser utilizada para construir legitimidad y credibilidad institucional, pero será insuficiente para garantizar una transformación efectiva de la procuración de justicia federal”, advirtió la ONG.

María Novoa, coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa, señaló que el reto de transformar a la FGR es impresionante, ya que dentro de esta institución existe 61% de impunidad directa en el ámbito federal.

“Esto significa que esencialmente de cada 10 casos la procuraduría federal está tramitando y determinando apenas tres casos... y de los otros siete casos, simplemente algunos, 1% va a estar en proceso de judicialización y del resto gran parte de ellos se va a un archivo temporal donde prescriben en el tiempo”, explicó.

Uno de los riesgos que observa el informe, como ha ocurrido en las fiscalías en las entidades, es que los cambios ocurran sólo en el nombre, de procuraduría a fiscalía, sin mejoras simplificativas en la procuración de justicia local, precisó Novoa.

Prosiguió: “Esto de alguna manera nos da un reflejo que, pese a tener definición de autonomía, no nos da la receta ni la solución a lo que serían los problemas de procuración de justicia en el país”.

En relación al rezago, Novoa expuso que existe dilación en al menos 18,000 casos del sistema penal tradicional, mientras que el resto, 148,000, ya forma parte del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

En este sentido, México Evalúa planteó “lineamientos mínimos” enfocados a las condiciones que requiere la FGR para lograr una transición adecuada: diseño institucional, modelo de investigación, servicio profesional de carrera y Plan de Transición con lineamientos específicos.

Sin embargo, la académica consideró que ésta es una oportunidad para hacer un diseño donde se prioricen las funciones sustantivas de la institución, centrándose en el modelo de investigación criminal, ya que es a partir de esto donde se deriva la estructura, herramientas y capacidades que se requieren.