Los alcances del programa Alerta Amber, creado para ayudar en la búsqueda de menores de 18 años de edad, se ven entorpecidos y limitados por el actuar de las autoridades, además de que se desconoce su proceso de activación, señalaron organizaciones sociales.

El presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Romero, dijo que con la llegada de nuevos funcionarios a la ahora Fiscalía General de la República, el apoyo para la localización de menores y la activación de la Alerta Amber se entorpeció.

“(La relación con las autoridades) es más problemática, a veces ni siquiera contestan los teléfonos, otros se ponen un tanto exigentes o dudan en atender un llamado. Cuando este tipo de acciones o situaciones se tienen que atender de manera inmediata”, explicó Gutiérrez Romero.

Alertó que la atención a tiempo de los casos de desaparición de menores es valioso, porque de ello muchas veces depende su vida, además de que actualmente hay un desconocimiento de las autoridades, de cualquier nivel, sobre su actuación en estos casos.

“A veces se da una alerta, a veces no, a veces si tienes un buen contacto la suben. Ya todo esto es muy voluble. Con otros funcionarios, inclusive, había contacto directo y emitían estas alertas de manera inmediata (...) probablemente esté llegando gente nueva o gente que desconoce estos protocolos”, consideró.

El presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos explicó que ante la falta de comunicación con autoridades, han tenido que acudir a otros medios para difundir los casos de menores desaparecidos, tales como trabajar directamente con las familias y los medios de comunicación, trabajo que realizan con recursos propios, debido a que les fue retirado el apoyo gubernamental.

“No estamos recibiendo apoyo, ninguno, vemos que el problema aumenta (...) queremos que el gobierno ponga a personas capacitadas en las instancias de procuración de justicia para que hagan bien su trabajo, que podamos llegar con el Ministerio Público y que no nos tengan que decir que tenemos que esperar 72 horas”, finalizó.

Por su parte, Juan Martín Pérez, director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideró que la Alerta Amber no es un protocolo de búsqueda, sino que es un pedido de auxilio al público en general, y su aplicación también depende mucho de la discrecionalidad de cada fiscalía, ya que no usan los mismos criterios.

“Se ha generalizado que la Alerta Amber es un protocolo de búsqueda. Es un engaño, la Alerta Amber es sólo una herramienta (...) no significa que estén haciendo actuaciones de búsqueda de niños y niñas, más allá de mandar oficios”.

Consideró que la alerta no sirve si no es aplicado un protocolo de búsqueda que permita confirmar que las autoridades están actuando para localizar con vida a los menores de edad.

Añadió que en el caso de la desaparición de los niños, llevan un acompañamiento permanente con las familias, porque en muchas entidades las autoridades siguen negando la búsqueda inmediata.

Mientras que cada procuraduría o fiscalía estatal tiene su coordinación de Alerta Amber, además de que no hay una base de datos en la que aparezcan el total de las alertas que se emiten en el país.

En la capital

En el caso de la Ciudad de México, el programa ha sufrido diversos cambios con el fin de reforzar su funcionamiento; sin embargo, las posibles negligencias por parte de funcionarios capitalinos para iniciar las acciones necesarias que pudieran dar con la localización con vida de Fátima, la menor de siete años hallada en un predio de Tláhuac, generó que las mismas autoridades cuestionaran la efectividad del protocolo.

Pese a que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 15 de mayo del 2018, estableció que tanto la Alerta Amber y la localización de cualquier persona extraviada en la capital deberá activarse sin que transcurra un periodo de espera, y con ello quedara atrás el plazo de 72 horas, en el caso de Fátima, familiares han acusado que autoridades pidieron esperar para poder iniciar el proceso de denuncia.

Cabe señalar que en mayo del 2018, al firmar junto con la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, así como la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia locales, el Protocolo Interinstitucional para Personas Adolescentes detenidas y el nuevo acuerdo para la Activación de la Alerta Amber, el entonces jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, indicó que la localización de menores de edad o personas reportadas como extraviadas o ausentes en la Ciudad de México se tendría que hacer de forma inmediata.

Mientras que en abril del 2013, Miguel Ángel Mancera, como jefe de Gobierno, junto con los gobernadores de la zona centro del país, acordaron establecer la Alerta Amber en las entidades de dicha zona, y en aquellas en las que ya se encontraba operando se fortalecería como parte de un acuerdo a favor de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, contra los delitos de trata de personas y el feminicidio.

Sin embargo, a raíz de lo sucedido con Fátima, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, anunció que intervendrá en el proceso de revisión de los protocolos de la Alerta Amber, para que su activación sea más eficiente.

“Cuando se crea la Alerta Amber a nivel nacional son tres elementos los que se toman en cuenta para la activación. Uno, que sea menor de edad; otro, que se cuente con datos suficientes para su identificación, y, tercero, que se encuentre en riesgo inminente de sufrir un daño grave”, explicó en días pasados Godoy.

Consideró que la Alerta Amber debería hacer que la sociedad se alerte por los casos de menores desaparecidos, “pero lo que ha sucedido en los últimos años es que se emiten alertas y a nadie cimbra ya”.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció un cambio en dicho protocolo de búsqueda, el cual podría activarse desde las escuelas de educación pública de la Ciudad de México.

Qué es la Alerta Amber

• Se trata de un programa de los gobiernos federal y los 32 estatales, que funciona como herramienta de difusión para la localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en riesgo de sufrir daño por motivo de la no localización, o por cualquier circunstancia en la que se presuma la comisión de un delito.

• La alerta funciona con independencia de la denuncia o proceso penal realizada por las autoridades competentes.

• Cuando es activada, se difunde de manera masiva un formato con datos personales y fotografía del menor, en todos los medios de comunicación disponibles.

• Puede tener carácter nacional, local o internacional.

• La FGR es una institución autorizada para activarla.

• En el caso de las entidades, las fiscalías locales también pueden accionarla.

• Los criterios que se valoran para activar la alerta son los siguientes: que el extraviado sea menor de 18 años, que esté en riesgo inminente de sufrir daño grave y que exista información suficiente, como nombre, edad, sexo, entre otros datos.

• México fue el primer país en Latinoamérica en adoptar el Programa Alerta Amber.

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