El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Comunicación Social, para cumplir con el ordenamiento de la Suprema Corte de que el Congreso legisle antes del 30 de abril las reglas de contratación de publicidad por parte del gobierno federal.

La norma fue aprobada en lo general y particular por 196 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza y 146 en contra del frente conformado por PAN, PRD y MC.

Aunque la bancada de Morena inicialmente votó a favor de esta ley en la Comisión de Gobernación, los diputados de ese partido decidieron votar en contra en el pleno. Al aprobarse totalmente, el dictamen fue turnado al Senado para su análisis.

En tribuna, el diputado Arturo Huicochea (PRI) afirmó que la ley no contempla un tope de gasto límite al gobierno federal en materia de contratación de publicidad en medios de comunicación, sino un régimen flexible.

El diputado Jorge Triana (PAN) argumentó que la ley es un “copy page” de la iniciativa que presentó el PRI. “Lo que vamos a votar en este momento no atiende un problema de comunicación gubernamental en nuestro país”.

Jesús Zambrano (PRD) dijo que no se escuchó la opinión de Articulo 19 y Fundar, que promovieron el juicio ante la Corte.

“Estamos planteando que se acepte la moción suspensiva, se regrese a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se haga un nuevo dictamen”, lo cual fue rechazado.

 

qué contiene

  • Pretende abatir la autopromoción de funcionarios y normaliza la difusión de logros gubernamentales a partir de los Informes de Gobierno; fija reglas y prevé sanciones administrativas, e incluso penales, para funcionarios en caso de incumplimiento.
  • Promete reducir el gasto en comunicación social y transparentar las relaciones entre autoridades y medios de comunicación.
  • Vigilancia en la contratación.
  • Incluye mecanismos para medir la eficiencia, control y la idoneidad en el uso del recurso.
  • Busca que medios reciban financiamiento público sin perder libertad.

EL DATO

La Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó la solicitud de extradición del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, hecha por el gobierno de México, y dejó en manos del ministro del ramo, Andrea Orlando, la decisión de extraditarlo a EU.

Tras la decisión adoptada bajo alegatos de que no existen condiciones adecuadas para la permanencia de Yarrington en la cárcel, los magistrados decidieron devolver el caso al Tribunal de Apelación de Florencia.

El abogado Luca Marafioti dijo que el ministro italiano de Justicia tendrá en su manos la extradición de su cliente a Estados Unidos. (Notimex)