De aprobarse que el gabinete social de la Presidencia de la República sea la instancia colegiada de formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes que se extingan a favor del Estado, procedería la controversia constitucional por invasión de funciones de la nueva Ley Federal de Extinción de Dominio, advirtió Claudia Edith Anaya Mota.

“Morena no quiere ceder en que los bienes que se extingan y moneticen pasen al gabinete social. Se invaden funciones del poder Legislativo, particularmente las funciones de los diputados que tienen, entre sus atribuciones constitucionales, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación; esto es la distribución del recurso nacional”, afirmó la senadora del PRI e integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, que analiza dicha ley.

“Después de que se extinga un bien el gabinete social decide si lo dona a un municipio, si lo monetiza o qué se hace con la monetización del mismo; esto es repartirlo en programas sociales”, explicó, con base en el octavo proyecto de dictamen que estudian las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Dicho documento, a diferencia de la ley vigente, que sólo tiene 70 artículos, y los proyectos anteriores que sumaban a lo más 78 artículos, consta de 315 artículos.

“Ya después se verá si se procede a una controversia constitucional por invasión de funciones de otro poder”, expresó la zacatecana, integrante del PRI.

En ello coincidió el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD; la nueva ley de extinción de dominio sería aprobada por la Cámara Baja el próximo 1 de julio, cuando se reanudarán los trabajos plenarios del Senado.

Recaudan 56.6 MDP en subasta

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) obtuvo 56.6 millones de pesos de un precio de salida estimado de unos 167 millones de pesos, en la primera subasta presencial a martillo de bienes inmuebles, este domingo en el Complejo Cultural Los Pinos.

El director general del SAE, Ricardo Rodríguez Vargas, detalló que de las 27 propiedades ofrecidas sólo se vendieron nueve y las 18 restantes se declararon desiertas.

El titular del organismo, que la próxima semana se transformará en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dijo que de los 56.6 millones de pesos obtenidos en esta subasta, 51.3 millones se destinarán a comunidades pobres de Guerrero.