La exposición de los problemas de género está clara, está en la conversación política y en la conversación cotidiana; sin embargo, la narrativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo muy resistente a reconocerlos y actuar en consecuencia, con políticas claras y contundentes para solucionarlos, planteó Friné Salguero.

La directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir afirmó que no se puede tener un proyecto de transformación social ignorando a 51% de la población y los problemas que les atañen. “Hay que reconocer que lo que afecta a las mujeres, tiene un impacto muy grande en todo lo que pasa en la población en general”, expuso en entrevista con El Economista.

—¿Este 8 de marzo, cuál debería ser la reflexión en México sobre la agenda pública de las mujeres?

—La primera es poner sobre la mesa que la violencia contra las mujeres sigue aumentando. Vemos los casos de feminicidios, mientras que no se tienen protocolos claros de atención a las víctimas. En muchos casos las víctimas habían puesto denuncia y, por falta de un protocolo de atención a las denunciantes de violencia, algunos casos terminan en feminicidio.

Si bien, en el Senado recientemente se aprobaron nuevas medidas para atender a las víctimas de violencia, que tiene que ver con darles recursos para que puedan ir a un albergue o para que puedan abandonar la casa donde son violentadas, seguimos viendo recortes presupuestales en programas que tienen un fuerte impacto en la vida de las mujeres. También hemos visto recortes a las escuelas de tiempo completo y la desaparición de guarderías. 

Por otra parte, el Estado, al dar apoyos, lo cual nos parece bien, eso no le quita la obligación de ser garante que haya instancias y un sistema de cuidados que permita a las mujeres salir a trabajar.

Otro es la deuda de derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto, que había sido una promesa de campaña en algún momento y resulta que no estamos viendo que se dé y, peor aún, vemos que se está queriendo llevar a consulta los tipos de penalización para las personas que abortan, cuando creemos que ese debiera ser un derecho universal. No debemos poner nuevamente los derechos a consulta.

—¿Qué tan fácil es hacer visibles los problemas sociales que afectan a las mujeres y colocarlos en la agenda de quienes tomas decisiones de política pública?

—Las mujeres y los colectivos de mujeres han sido muy claros y contundentes en salir a la calle, una y otra vez, a poner sus demandas sobre la mesa. Demandas sobre violencia de género, legalización del aborto, entre otros, pero hay una clara tendencia hacia el cierre de espacios cívicos, donde cada vez es más complicado que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener una injerencia real en la política pública. Además, las narrativas confrontativas del Ejecutivo federal han sido claras, no solo en términos de confrontarse con las organizaciones de la sociedad civil, sino también con el movimiento feminista.

Las narrativas tienen un toque de desdén sobre los problemas que atañen a las mujeres.

La agenda está más que visible en el espacio público, pero la narrativa del Ejecutivo federal sigue siendo muy resistente a reconocer que tienen este tipo de problemáticas y a sacar leyes, políticas claras y contundentes que muestren que se está dando solución a los mismos.

No se puede tener un proyecto de transformación social ignorando a 51% de la población y los problemas que le atañen. Hay que reconocer que, lo que le afecta a las mujeres, tiene un impacto muy grande en todo lo que pasa en la población en general.

—¿La narrativa del presidente tiene un peso importante para que se atiendan o no los problemas que afectan a las mujeres?

—Esperábamos que no, pero tampoco ha habido un contrapeso de las instancias públicas, ni locales, ni federales, que nos demuestren que, a pesar de las narrativas del presidente, se está trabajando en construir mejores políticas públicas que incluyan a las mujeres en igualdad de condiciones o que atiendan estos problemas de género.

—¿Si no es el gobierno, la solución a los problemas de las mujeres, la alternativa son las organizaciones de la sociedad civil organizada?

—El gobierno tiene la obligación. Es ineludible la responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad, las atribuciones y la obligación de cumplir con todas estas demandas. Es el Estado quien debe proveer un piso de derechos suficiente y eficiente para las mujeres.

Las organizaciones de la sociedad civil podemos ir señalando lo que hace falta, otorgar expertise de los protocolos, de cómo construir planes y programas de política pública, pero quienes tienen la obligación de llevarlo a cabo, ejecutarlo y garantizar estos derechos, son los tres niveles de gobierno.

—En los últimos años se ha logrado paridad de género en las legislaturas y hay gobiernos que buscan paridad en integración de gabinetes ¿Cuál ha sido el beneficio de eso en la agenda de las mujeres?

—No es menester de las mujeres diputadas y senadoras avanzar en la agenda de género. Es obligación de todos los tomadores de decisiones. No podemos volver a poner en manos de las mujeres la solución de la agenda de género. Es una cuestión compartida.

Lo que hay es un desconocimiento y perpetuación de los estigmas de género en la gente que está tomando las decisiones. Mientras la gente que está en el poder no tenga y no conozca qué es y qué significa avanzar en esta agenda de igualdad de derechos, no lo vamos a lograr y, por otro lado, también tenemos que haya paridad, pero no hay igualdad sustantiva.

Entonces, las mujeres todavía no están en igualdad de condiciones en los congresos locales que los hombres en la toma de decisiones.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg