Tras Gastón Azcárraga

Quicho

Le dicen Quicho pero se llama Crisógono Díaz Cervantes, actualmente es el titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, que lleva Jesús Murillo Karam.

Anrteriormente, fungió como coordinador de asesores del Sistema de Administración Tributaria (SAT), cuando su titular era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien, por cierto, hoy es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este personaje es el cazador que trae en la mira a Gastón Azcárraga, lo trae atravesado -dicen- y con ganas de encontrarle algo para poder agarrarlo.

Quicho le ha buscado por todos lados, sus indagatorias lo han llevado lo mismo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y, hasta donde nos cuenta, en ambos lados no hay datos sólidos sobre lo que ha preguntado el funcionario.

Ahora se está agarrando de un clavo ardiente, como pueden ser los sindicatos de Mexicana de Aviación, pero nos dicen que Azcárraga está más que tranquilo.

El asunto no es menor, Quicho fue uno de los principales persecutores del empresario desde el SAT y ahora hace este trabajo desde la PGR, así que si se equivoca, le puede salir el tiro muy caro.

Acreedores exigen

Ya que hablamos de Mexicana de Aviación, los principales acreedores de la base de mantenimiento MRO de Mexicana pidieron conocer los estatutos sociales, así como la información financiera y la conformación actual de los accionistas y del Consejo de Administración.

El administrador de dichas instalaciones, José Ángel Ordóñez, tiene nada más tres días hábiles para entregarle a los bancos dicha información. Tiene que presentar los libros actualizados así como los estatutos.

Dicha petición la solicitó Banorte, de Guillermo Ortiz; Bacomext, que lleva Enrique de la Madrid, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige Alfonso Sarabia.

Que conste que le advirtieron a José Ángel Ordoñez que si no cumple en forma y tiempo se hará acreedor a una multa hasta por 350 días de salario mínimo vigente.

Lala se estrena en la Bolsa

Hoy se lleva a cabo la ceremonia simbólica de la salida a Bolsa de Grupo Lala. Esto será en el piso de remates del mercado accionario con el típico timbrazo de salida. Para ello estarán presentes Eduardo Tricio Haro, presidente de la empresa de productos lácteos, y el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez Kuenzler.

Recordemos que el pasado 16 de octubre Lala realizó una oferta pública inicial global de acciones por 14,055.55 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación al fijar el precio de sus títulos en 27.50 pesos. Colocó 511.11 millones de acciones, lo cual representa más de 18% de su capital. De hecho, fue la segunda mayor oferta en el mercado mexicano, después de que Santander levantó 4,000 millones de dólares en su debut en el 2012.

Los de Eduardo Tricio pretenden ampliar su red de distribución y prepagar deuda bancaria con el dinero recaudado ese día.

Pagarán destrozos

Los que ya pidieron sus cheques para pagar los destrozos que dejaron a su paso los huracanes Ingrid y Manuel en septiembre pasado, son la Comisión Federal de Electricidad, que lleva Francisco Rojas, la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Emilio Chuayfett, y el Infonavit, de Alejandro Murat. Recibirán alrededor de 1,300 millones de pesos en conjunto con la aseguradora Interacciones.

La empresa de la familia Hank tendrá que pagar al Infonavit para que repare un poco más de 4,000 viviendas que se vieron afectadas con los huracanes.

De acuerdo con lo que nos cuentan, la Secretaría de Educación Pública recibirá parte de esos para reparar escuelas que se vieron afectadas y la Comisión Federal de Electricidad tuvo afectaciones menores, no de gran envergadura.

Lo que nos dicen es que ha estado muy activa cambiando una gran parte de los medidores que fueron afectados y sin una medición, pues no hay como cobrar el fluido eléctrico.

Jamón Jamón

Sigma Alimentos, subsidiaria del regiomontano Grupo Alfa, de Armando Garza, está en la mira de Standard & Poor’s luego de la adquisición de 100% de las acciones de la europea Campofrío Food Group, por 675 millones de euros.

La calificadora de riesgos considera que la compradora incurrió en un riesgo crediticio y debe de entrar en el listado de Revisión Especial. Se basa en que podría bajarles las notas crediticias o bien confirmarlas tras la evaluación de las implicaciones de la transacción.

La compra de la empresa de alimentos española se hace con un crédito ya comprometido por 675 millones de euros y el cierre de la transacción se hará durante el primer trimestre del 2014.

S&P esperaba una menor deuda de parte de Sigma y un incremento gradual de EBITDA, así como nuevas adquisiciones, pero eran menores a la realizada; ahora lo que quieren es tener una visión más clara de la transacción, específicamente en términos de la estructura de tenencia accionaria final, el monto de deuda requerida y la estrategia de desapalancamiento, incluyendo una oferta pública inicial que planea Sigma. A ver si convencen.