La cuarta transformación ha traído consigo un sinnúmero de críticas en relación con las primeras acciones de gobierno llevadas a cabo por la nueva administración, no sólo por las decisiones, sino además y sobre todo se ha magnificado la crítica por la forma en que éstas se han procesado. Ejemplo de esto lo constituyen el desabasto de gasolina, el despido de parte importante de la plantilla de trabajadores del SAT, y los escándalos por los nombramientos suscitados en el Conacyt. Respecto de otros temas, la presión de la sociedad ha generado que la administración recule en su intención original, como parece ser el caso de la cancelación de los refugios para mujeres víctimas de violencia, que finalmente se modificó para mantenerlos bajo otro esquema, y ojalá y corran la misma suerte las estancias infantiles. No obstante lo anterior, y a pesar de estos ejemplos, la administración federal y, sobre todo, su titular gozan de un amplio respaldo popular. Por ello, deberían aprovechar este bono democrático para llevar a cabo acciones que repercutan en beneficio de la población en general, pero sin claudicar a su deber.

Una de estas áreas de oportunidad se encuentra en el Infonavit. En el comunicado de prensa en que se informó el nombramiento de Martínez Velázquez como su director general, se destacó que uno de los objetivos de su administración sería trabajar en la reducción de cartera vencida, pero con un enfoque humano, entendiendo y previniendo las condiciones que llevan a la incapacidad de pago, en vez de atenderlo con un enfoque punitivo. Lo anterior es una idea interesante, pues conjuga dos elementos que parecerían un tanto contrarios: reducir la cartera vencida, a partir de un enfoque social y no desde una posición persecutoria.

El modelo de cobranza previsto contempla, en un primer momento, un acercamiento con el acreditado a fin de llegar a la mejor solución posible. Una fase intermedia que consiste en la posibilidad de mediación y, finalmente, una etapa de cobranza judicial. En las últimas semanas han salido a la luz pública datos relativos a este tema, sobre todo en relación con una serie de procesos judiciales masivos (que involucran a miles de trabajadores acreditados) que se llevaron a cabo en algunos estados como Coahuila, Nayarit y otros más, en los que se tramitaron juicios hipotecarios respecto de viviendas que se ubican en lugares muy distantes del lugar donde se tramitó el juicio, como Jalisco. Esto hacía casi imposible, o cuando menos muy difícil, que los acreditados pudieran defenderse de manera adecuada.

La anterior forma de proceder podría ser jurídicamente viable. Sin embargo, vale la pena cuestionar si es la manera adecuada de aproximarse a un problema, de cierta manera social, a la luz de la vocación de la mayor entidad de crédito hipotecario para trabajadores del país. Es importante encontrar un justo equilibrio entre dos realidades distintas. Por un lado, establecer mecanismos adecuados que permitan recuperar la mayor cantidad de recursos vía cobranza, pero siempre teniendo como centro del proceso al acreditado y su derecho a la vivienda digna. La tarea no es sencilla, como en el ejemplo señalado. Esta administración federal debe buscar darle un sentido social a sus actuares, pero sin que ello implique claudicar en cumplir con su responsabilidad y deber conforme a las leyes.

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