El tema de SARE, empresa de construcción, sigue dado de qué hablar. Por un lado, al interior de la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Marcos Martínez, se estudia el caso antes de deslistarla. Las denuncias en contra de TKSC, principal accionista de SARE, no se hacen esperar. 

No queda claro cómo es que TKSC fue la primera en demandar a SARE, cuando nadie sabía que estaba tan mal financieramente. 

El proceso fue rápido y se le pagó el dinero prestado. Sospechosamente comenzaban a recuperar sus aportaciones los inversionistas mayoritarios. Pero sin dar gran detalle por igual a todos sus inversionistas, como debería ser, al tratarse de una empresa pública. 

Y sigue la relación entre sus empresas hermanas. TKSC es propiedad en más del 95% de otra empresa, llamada Grabasa. Resulta que el secretario del Consejo de SARE, Javier Rodríguez Cacho, es socio de una firma consultora llamada Rodríguez Cacho, SC. Y da la casualidad que esa consultora tiene como uno de sus clientes a Grabasa y Travistock Group. 

Aún hay más. En el logo de Grabasa se lee Typhoon Sports, la otra empresa que demandó a SARE. Es decir, ¿lo importante era que el socio mayoritario de SARE recuperara lo invertido? 

Pero eso es ilegal, en tal caso, usó información privilegiada para recuperar sus recursos, dejando a un lado a los socios minoritarios, quienes en su mayoría perdieron todo. Lo realmente relevante es que SARE, al ser empresa pública, debió transparentar e informar de la misma manera a todos sus inversionistas para tomar acciones en igualdad de circunstancias. 

Aún hay más. Hasta ahora ni siquiera dan los datos del liquidador para que sea consultado por los accionistas minoritarios, quienes buscan solicitarle el libro especial de accionistas. 

Los manejos poco claros en la quiebra de SARE se hacen evidentes, y ya se traducen en más denuncias. Esperemos que la CNBV, bajo la tutela de Juan Pablo Graf, se pronuncie. 

Porque todo parece ser un buen trabajo de autoembargo y autodemanda, donde los pequeños accionistas, se sabría, saldrían pagando los platos rotos. Otra vez un caso en el que los pequeños salen perdiendo, ¿por qué “es poquito”, por qué los pequeños no pueden demandar de frente al artículo 38 de la Ley Mexicana de Valores que dice que sólo se puede proceder civilmente si al menos 5% de los accionistas demandan? 

Esto me lleva a ser malpensada. En 2017 la empresa decidió emitir un gran paquete de acciones en un par de emisiones a precios muy bajos, será que querían complicar las cosas, dado que el 5% de pequeños inversionistas en un mundo de ellos, es casi imposible. 

¿Y la autoridad? En este caso estamos hablando de una empresa que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores y cuya transparencia para con sus accionistas debió ser igualitaria. Hoy SARE prácticamente sólo es el nombre, y mientras las autoridades no intervengan, el caso podría pasar a ser una bola de confusiones, y si resultara que todo fue transparente por parte de los accionistas mayoritarios de SARE, entonces que salgan a aclarar muchas cosas. 

Es cierto que comienzan a juntarse los accionistas minoritarios, pero la realidad que hemos visto en casos similares, es que mientras no haya voluntad política para esclarecer el caso, simplemente se encarpetará.

Marielena Vega

Conductora

Salud, dinero y negocios

Socia Cofundadora, y conductora del programa de radio Salud, Dinero y amor. Programa de finanzas, negocios, economía y bienestar.

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