La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, ha propuesto una reforma para reducir la incidencia delictiva, principalmente las extorsiones telefónicas, con la fórmula de siempre: más control y vigilancia sobre el total de la población. La propuesta suena a 2009 y en los hechos resucita el espíritu del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), con la diferencia de que en lugar de contar con una sola base de datos de clientes de telefonía móvil en posesión del gobierno, como se aspiraba hace 10 años, ahora tendremos tantas bases de datos como compañías telefónicas haya en México.

 

La propuesta se produce en un contexto donde el control y la vigilancia a través de innovaciones tecnológicas ganan presencia en los marcos normativos y en su aplicación en la vida cotidiana. Se nutre de la denuncia que hizo la periodista Denise Dresser de la extorsión telefónica que sufrió su madre y se sostiene sobre las bases del Renaut. (Dresser aseguró entonces que no buscaba un “trato preferencial” y ahora hasta inspira reformas).

Veamos. La iniciativa de Gálvez incrementa las obligaciones de colaboración de las compañías telefónicas con las autoridades de seguridad y justicia, normada por el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si se aprueba esta iniciativa, las compañías deberán mantener una base de datos personales de sus clientes que permita “identificar plenamente” a los usuarios de las 121 millones de líneas móviles activas en México.

Las compañías ya realizan desde 2014 un registro y control de las comunicaciones privadas de sus clientes. Está comprobado que esta obligación ha generado un ambiente de descontrol y discrecionalidad sobre el acceso a la información sensible de los usuarios de telefonía móvil. La situación es tan alarmante que el responsable de vigilarla —el instituto regulador de las telecomunicaciones, el IFTse deslindó de su responsabilidad de transparencia y la dispersó en otros actores hasta construir un muro de opacidad e indefensión para los ciudadanos.

2017 fue el último año transparentado por el IFT sobre intervención de comunicaciones privadas. Ese año se realizaron en promedio 200 solicitudes diarias de acceso a información personal de los clientes de las compañías telefónicas. América Móvil (Telcel, Telmex, Telnor) recibió siete de cada 10 solicitudes y entregó la información en todos los casos, sin considerar si cumplían o no con los requisitos de ley para ser atendidas. 17,000 solicitudes fueron realizadas por autoridades no identificadas.

La información relacionada con nuestros teléfonos móviles es de la mayor sensibilidad: está vinculada con lo más íntimo de nosotros mismos; contiene elementos clave para nuestra autodeterminación informativa, y es suficiente para describir nuestros hábitos y comportamientos, nuestras rutinas, nuestros círculos de relacionamiento social o laboral.

El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) fue un fracaso. Fue diseñado en 2009 como una herramienta para combatir el secuestro y la extorsión. Se le derogó antes de cumplir tres años en operación, envuelto en la desconfianza y tras confirmarse que era ineficaz para alcanzar los objetivos buscados. La propia Gálvez, en la exposición de motivos de su iniciativa, asegura que “las bases de datos del Renaut se vieron comprometidas por filtraciones”.

Las similitudes de la nueva iniciativa con el Renaut saltan a primera vista: se exige que cada compañía telefónica realice nuevos registros con datos personales de sus clientes, a quienes se pedirán copias de identificación oficial con fotografía, CURP y RFC si se trata de personas morales. Da a las compañías 90 días para crear el registro retroactivo de quienes ya son sus clientes. Amenaza con suspender el servicio a quienes se nieguen a entregar la información o no la entreguen a tiempo.

La exposición de motivos celebra que esta eventual reforma “no implicará impacto presupuestal ni gasto público” y que la información estará bien resguardada en manos de privados, pues “hasta el momento” no se ha “dado un caso de venta de datos o filtración del registro, lo que indica que estos entes privados han sido extremadamente cuidadosos con la información y cuentan con los mecanismos de seguridad y preventivos necesarios para seguir haciéndolo”. Qué tal.

Gálvez intenta desmarcarse del “populismo penal” pero se ahoga en el solucionismo tecnológico: ese que sugiere que más tecnologías de control y vigilancia significan mayor seguridad pública. Y ese es un silogismo sin comprobación en un país donde reina la impunidad.

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José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

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