En los Precriterios de Política Económica 2022 que la SHCP dio a conocer la semana pasada, esta administración presume, una vez más, que sus finanzas públicas son austeras, prudentes y responsables. Si bien es cierto que no se han dado desbordes de gasto, la disciplina es una verdad a medias. Al haber asumido una austeridad a ultranza sin criterios de eficiencia, sobre todo frente al choque de la pandemia, el presupuesto público ha sido distorsionante, inclusive dispendioso. Ejemplos son los conocidos tres proyectos de infraestructura que carecen de rentabilidad y el gasto en estadios de beisbol, así como los recortes en salud, medicinas y educación. Además, el saldo más amplio de la deuda pública creció a 52.3% del PIB en 2020.

El prurito de la austeridad de este gobierno se traduce en su meta del superávit primario: 0.1% del PIB en 2020, 0 en 2021 y ahora se proyecta uno de 0.4% para 2022. Al ser el balance primario el ancla de las finanzas públicas, si no se llegan a cumplir los supuestos de ingresos (recaudación), irremediablemente se tendría que ajustar el gasto, pero el ajuste lo haría sin sentido económico. Para su meta de ingresos, el gobierno le apuesta a un mayor crecimiento del PIB ahora de 5.3% en 2021 y de 3.6% en 2022.

La distorsión en el gasto se hace evidente al tener incrementos en las erogaciones de la pensión de adultos mayores de 78% y recursos para el tren Maya de 35 por ciento. Pero el documento no identifica donde clasificó el gasto para el aeropuerto Felipe Ángeles ni el destinado a Dos Bocas. En contraste, el rubro de atención a la salud y medicamentos para la población sin seguridad social apenas y aumenta en 3.2 por ciento. 

El documento presenta los resultados de un análisis de sensibilidad de las finanzas públicas ante cambios en seis variables macroeconómicas. Desafortunadamente no se puede emitir un juicio sobre ello, pues la SHCP omitió en el documento los cálculos, así como la metodología. Sería recomendable que los incluyera para realizar una evaluación de esas estimaciones.

Son cuatro los riesgos que SHCP reconoce a su marco macroeconómico: rebrote de la pandemia, retraso en la normalización de la inversión privada, el sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos y la reducción en el precio del petróleo. Habría que agregar los riesgos de las demandas por incumplimientos bajo el T-MEC, un posible repunte de la inflación, deterioro financiero y operativo de Pemex, pérdida de la confianza por los embates contra el INE, la negativa presidencial de conciliarse con el sector privado, mantener la estrategia equivocada de seguridad pública y el riesgo de un proceso electoral conflictivo.

Como era de esperarse, el documento no aborda nada acerca de la pretendida reforma fiscal para la segunda mitad de este año. El presidente ha dicho que no apoyaría una reforma con aumento de impuestos, de deuda y de precios públicos (gasolina) sino que se enfocaría a la simplificación administrativa y a ampliar la base tributaria. Hubiese sido útil conocer, de manera preliminar, qué es lo que está pensando el gobierno sobre esa reforma.

Twitter: @frubli

Federico Rubli Kaiser

Economista

Revista IMEF

Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.

Lee más de este autor