Tuve el honor de haber sido el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato finalizó el pasado martes 3 de septiembre.

A pesar del éxito de la CICIG en el enjuiciamiento de muchas personas poderosas, fue Jimmy Morales, presidente saliente de Guatemala, quien decidió no extender el mandato después de enfrentarse a una investigación criminal. Su miedo a la CICIG es un reconocimiento de la eficacia de la comisión.

A fines del 2015, la CICIG expuso a una red criminal que lideraba el entonces presidente y el vicepresidente de Guatemala. Ambos renunciaron y fueron arrestados.

Por supuesto, esto provocó mucho miedo en los sectores con poder, y era de preverse una reacción de su parte.

Después de que la CICIG anunció que estaba investigando a Morales y miembros de su familia por irregularidades en el financiamiento de sus campañas electorales, él y otros comenzaron a amenazar a la comisión y lanzaron una campaña para erosionar el apoyo de los partidos políticos estadounidenses.

Gastaron millones en cabilderos de Washington y enviaron a Estados Unidos un torrente de funcionarios estatales para argumentar que la CICIG era una operación izquierdista. Cuando el gobierno del presidente Donald Trump anunció que trasladaría su Embajada en Israel a Jerusalén, Guatemala fue el primer gobierno en hacer lo mismo, en un esfuerzo por acercarse a EU y continuar su intento de desacreditar a la comisión. Su esfuerzo fue recompensado y el año pasado, cuando Morales me impidió regresar al país y violó el acuerdo con las Naciones Unidas, la respuesta tibia de la administración de Trump fue como un sello de aprobación.

Ahora Guatemala enfrenta nuevamente tiempos difíciles. Los poderosos intereses económicos y las organizaciones criminales se sienten envalentonados. Han recuperado el control.