Hablemos de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México. ¿Hasta cuándo?

El asesinato de Abril Pérez Sagaón el 25 de noviembre en la Ciudad de México, a manos de posibles asesinos a sueldo, destapó una vez más el horror de la violencia feminicida en el país. Develó también las consecuencias de la ineptitud de integrantes del sistema judicial, sin perspectiva de género ni sentido de la justicia. Ante el reclamo ciudadano, “ahora sí”, prometen las autoridades, se investigará “a fondo”, se castigará a los asesinos y al autor intelectual, así sea rico y poderoso. Más aún, la jefa de Gobierno “con todo respeto al Poder Judicial”, plantea que se acuse a los jueces de homicidio, si es que se prueba la culpa de Juan Carlos García... ¿Cuántas veces hemos leído este tipo de declaraciones? ¿Cuántas veces más nos indignaremos ante la falta de justicia para las mujeres? ¿Cuántas veces más querremos creer que, ante tan grave situación, las autoridades ya van a actuar en serio? ¿Cuántas veces más vamos a pasar por alto las contradicciones de funcionarias que se dicen comprometidas con los derechos de las mujeres y forman parte del engranaje de indiferencia e impunidad que favorece la violencia feminicida?

En este caso específico, si el ex marido de Abril fue el autor intelectual de su feminicidio, la responsabilidad recae en él y en el juez Mosco, por no haberlo juzgado antes por intento de feminicidio y no prevenir la reincidencia. Pero, aun si no es, ¿qué concepto de la justicia permite interpretar que golpear a una mujer dormida con un bate no es intento de feminicidio sino “violencia doméstica”, como si ésta no fuera grave, o como si no existiera clara “alevosía y ventaja”? Además de ignorancia sobre violencia, ¿no es evidente aquí la ausencia de sentido común?

Podríamos hablar de nuevo de la colusión patriarcal que ha favorecido la impunidad del feminicidio desde Ciudad Juárez hasta el Estado de México o Veracruz... Pero ya es necesario hablar también de las instituciones y mecanismos creados para prevenir y sancionar la violencia machista, producto del trabajo de muchas mujeres, en cuyo vaciamiento han participado y participan funcionarias que se dicen comprometidas con la causa de las mujeres o hasta “feministas”.

Hablemos de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, por ejemplo. No de la alerta local, decretada por la jefa de Gobierno como medida coyuntural ante la “oportunidad”, y la tensión, del 25N; acción que contradice sus afirmaciones anteriores de que la AVG (federal) no hacía falta o que las AVG no han servido.  Preguntémonos por qué no se declaró antes, en el 2018 o en el 2019, la AVG solicitada por ONG en el 2017, evaluada por un grupo de trabajo en que participaron académicas independientes que examinaron el problema e hicieron, en enero del 2018, 20 observaciones con sus debidas recomendaciones e indicadores de cumplimiento que posibilitaban darle seguimiento y evaluar su eficacia.

¿Por qué se alargó el proceso para informar de éstas al gobierno local y luego se le extendió el plazo de cumplimiento? ¿Por qué, si según el grupo de trabajo, la AVG debía emitirse, no se hizo? ¿Por qué se vieron obligadas las ONG a interponer un amparo contra ese incumplimiento? ¿Y por qué en vez de obedecer el fallo del juez y declara la AVG en septiembre, Conavim interpuso en octubre un recurso de revisión del amparo, todavía en proceso?

¿Será porque “se atravesaron” las campañas de Mancera y Sheinbaum, o los intereses de funcionarias de Conavim, o la resistencia del nuevo gobierno a reconocer la violencia y los derechos de las mujeres? ¿Será porque esas recomendaciones apuntaban justo al problema de la procuración de justicia, con perfiles y evaluaciones? El hecho es que se ha perdido, y se sigue perdiendo, un tiempo precioso al politizar la AVG y acumular “medidas” al vapor sobre una realidad cada día más cruenta.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).