La solicitud de transferencia de datos personales que hizo la Secretaría de Gobernación (Segob) al Instituto Nacional Electoral (INE) —ilegal sin el consentimiento expreso de los titulares de esos datos y sin la presentación de un aviso de privacidad que detalle el tratamiento futuro que daría la Segob— no es el único caso polémico relacionado con información de carácter personal vigente en el debate público. En el Senado se discute una iniciativa de Ricardo Monreal Ávila para reformar la ley de datos personales que, de aprobarse, beneficiará a políticos, funcionarios públicos y otros actores con incidencia en la vida pública ansiosos de enterrar su pasado y ocultar información que les perjudique.

 

La intención de la Segob tiene bases legales —y legítimas— que implican la creación de un Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de una cédula de identidad, y nada exime hoy a la secretaría de cumplir con un régimen de protección de datos que no existía en 1992, cuando se reformó la Ley General de Población. La iniciativa de Monreal, en cambio, inventa el hilo negro y trastoca el sistema jurídico mexicano que ofrece una protección especial a la libertad de expresión y al derecho a la información como partes fundamentales de la democracia y la rendición de cuentas.

 

Veamos. Monreal, coordinador de los senadores de Morena, considera que el derecho de cancelación de datos personales (supresión, eliminación, borrado) vigente en México es inaplicable en el entorno digital. Para sanar ese supuesto vacío legal, puso a su equipo a redactar una iniciativa de reforma a la ley de datos personales en posesión de particulares que censura y limita la divulgación de contenido e información.

 

La idea de Monreal es eliminar y suprimir “todos los contenidos que se encuentren en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales y demás información”, so pena de aplicar las sanciones más altas contempladas en la ley de datos personales, que presenten información “innecesaria en relación con los fines para los cuales fue recogida o proporcionada”, que incluya datos “tratados ilícitamente” o que sea inexacta, obsoleta o irrelevante.

 

El espíritu explícito de la reforma es implementar el llamado “derecho al olvido”, que implica el ocultamiento de información a partir de su desindexación en los motores de búsqueda, lo que la vuelve inaccesible y la invisibiliza. Este mecanismo, activo en la Unión Europea desde 2014, procede sobre datos desactualizados o caducados, sin relación con el interés público y siempre como consecuencia de un análisis o ponderación de los derechos en conflicto: libertad de expresión y derecho a la información frente a derechos de protección de la vida privada.

 

Estas reglas existen en el marco jurídico mexicano, que ofrece una protección especial a la libertad de expresión y al derecho a la información a partir de un test de proporcionalidad cuando se involucra la esfera privada de los ciudadanos, pero Monreal las soslaya, como también soslaya el derecho de réplica, diseñado precisamente para que los aludidos en los contenidos puedan aclarar, rectificar o presentar su propia versión de los hechos difundidos o incluso para actualizar contenido e información.

 

La reforma, presentada en el Senado en diciembre de 2019 y turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y de Anticorrupción, de Transparencia y Participación Ciudadana, trastocará el marco jurídico para regular equivocadamente con una ley de datos personales la divulgación y el acceso de todo tipo de información sin atender criterios básicos, como el sistema dual de protección de la vida privada, que exige una mayor vigilancia ciudadana de los actores públicos, ni atender la jurisprudencia relacionada con las intromisiones justificadas a la vida privada en nuestro régimen democrático.

 

En la lógica de Monreal, el derecho al olvido en México debería aplicarse sobre la información publicada en medios y plataformas de comunicación digitales, lo mismo sitios de información periodística que Google, Facebook o Twitter, que hagan uso de datos personales de manera “innecesaria en relación con los fines” para los cuales fueron recogidos dichos datos, cuando en uso de la libertad de expresión y el derecho a la información no existe el tratamiento de datos personales. Por eso queda claro que la intención es utilizar una ley relacionada con la vida privada para controlar los contenidos y la información sobre la vida pública.

 

De aprobarse la iniciativa de Monreal se castigaría la publicación de reportajes o investigaciones relacionadas con el actuar de políticos, funcionarios públicos u otros actores con incidencia en la vida pública —como hechos de corrupción, lavado de dinero, negligencias o abuso de poder— que no hayan sido dirimidos por instancias jurisprudenciales o cuyas sentencias, en caso de que las hubiere, ya estuvieran cumplidas. Reportajes como el de La Estafa Maestra, investigaciones por abuso sexual en la congregación Los Legionarios de Cristo o el seguimiento de tramas como la de Odebrecht, que involucran a funcionarios y políticos de primerísimo nivel, por ejemplo, serían impensables con esa reforma.

 

La iniciativa se soporta en la creación de dos conceptos innecesarios por obvios: el de los “datos personales digitalizados” y el del “responsable digital” del tratamiento de los datos, como si quienes recaban y hacen uso de los datos personales utilizaran archiveros de cartulina y ábacos. En realidad, con esta invención se busca ampliar el catálogo de sujetos responsables del tratamiento de datos personales y obligados en consecuencia a cancelar dichos datos si sus titulares lo solicitan, sin mediar tests de proporcionalidad ni ponderación de derechos en conflicto. Sería formalizar y legalizar la ruptura del marco regulatorio de la libertad de expresión y el derecho de información en México y la violación de tratados y convenios internacionales en la materia de los que México es parte.

 

Me gustaría decir que la iniciativa de Monreal no tiene pies ni cabeza, pero seguro voy a equivocarme considerando el colmillo político del senador.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.