La pequeñez de la mayoría oficialista

“La reforma no está a negociación. No vamos a ceder nada. Como no se puede en la Constitución, en las leyes secundarias vamos a garantizar que los partidos tengan menos recursos y el INE gaste menos”, dijo Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Pronunció estas palabras en una asamblea informativa celebrada el pasado 20 de noviembre, en Zacatlán, Puebla.

Según las versiones que han transpirado a los medios de comunicación, Morena tiene en mente someter a votación en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador, tal como la presentó, sin moverle una coma. Junto con el Partido Verde y PT, reúnen los votos necesarios para aprobarla en comisiones, donde sólo se requiere una mayoría simple.

El Partido Verde y PT votarán a favor en comisiones rogando que la oposición derrote la iniciativa presidencial en el pleno de la Cámara de Diputados, donde hace falta una mayoría calificada para su aprobación. Los socios menores de Morena han mantenido hasta ahora un bajo perfil, pero en su fuero interno rechazan las propuestas de López Obrador en materia electoral. Para ellos representa renunciar a su existencia como organizaciones separadas de Morena.

El presidente López Obrador y su partido saben que les espera una nueva derrota en el pleno de la Cámara de Diputados, que se sumaría a la que sufrieron tras su intentona de introducir cambios constitucionales para restaurar el poder monopólico de la CFE sobre la industria eléctrica. Los dirigentes de los partidos de oposición –PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano– han anunciado que votarán en contra de un proyecto que ven como un intento por parte del oficialismo de apoderase de las instituciones electorales.

La marcha del 13 de noviembre, a la que acudieron cientos de miles de ciudadanos en defensa del INE, ha servido para reforzar esta convicción. Asimismo, PAN y PRD han condicionado la continuación de la alianza con el PRI en las elecciones del Estado de México y Coahuila al voto en contra de la iniciativa presidencial y la negociación conjunta de los cambios en el Consejo General del INE. El PRI tiene mucho que perder si en esta ocasión se va por su cuenta.

López Obrador y sus operadores políticos están convencidos que pueden rescatar un triunfo de las garras de una nueva derrota legislativa. Para ello tienen preparado lo que han denominado un Plan B. Consiste en un paquete de cambios a la legislación secundaria en materia electoral, que buscarán aprobar una semana después de que se consume el rechazo a la iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados tienen la intención de pasarlo en fast track a principios de diciembre.

Las modificaciones a legislación secundaria del Plan B no tienen nada que ver con la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador. Son una cosa completamente distinta. Según versiones recogidas por los medios, consisten en un paquete de cambios variopintos, que van desde fusionar direcciones ejecutivas del INE hasta suprimir las franquicias postales de los partidos políticos.

Las últimas casi no se utilizan y los recursos remanentes se reintegran a la Tesorería de la Federación, con lo cual el cambio propuesto representa una medida inofensiva. Sin embargo, la fusión de las direcciones de capacitación y organización electoral significaría un recorte de un tamaño considerable a la estructura operativa del INE. Daría lugar a despidos de personal, incluyendo funcionarios del servicio profesional con décadas de experiencia en la organización de elecciones.

El Plan B consiste en un proyecto que nace del enfado y la frustración. Más que una reforma, parece una represalia. Su aprobación resultaría mucho menos dañina y destructiva que la propuesta original del presidente López Obrador. Aún así, no deja de sorprender la pequeñez de la mayoría en el poder.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif