La competencia en radiodifusión, telecomunicaciones y digital es muy importante pero no es un fin en sí misma, sino la búsqueda de bienestar de los ciudadanos y consumidores. En México ha predominado la idea de que la competencia es la panacea y resuelve las fallas del mercado, pero la competencia no ha ampliado la cobertura, no ha cerrado la brecha digital, no ha resuelto el acceso universal a los servicios y tampoco ha generado convergencia. 

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 dice que éstas son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, es cierto, pero también de calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Ese fragmento del artículo sexto de la Carta Magna no dice que las telecomunicaciones sólo deban ser prestadas en condiciones de competencia, que predomine o que sea lo más importante, sino que son condiciones simultáneas. También debe existir cobertura universal, lo cual no ocurre; o convergencia, que tampoco sucede. 

México es el único país de Iberoamérica donde no existe la convergencia plena, es decir, que todos los proveedores puedan ofrecer todos los servicios de voz, datos y video a través de sus redes. 

La ineficiencia de las redes en el país es tan monumental como la urgencia de conectividad: la infraestructura fija más extendida, la de Telmex, no es convergente y tiene prohibido prestar TV de paga a sus suscriptores; Telefónica devuelve sus frecuencias al regulador porque el costo del espectro es excesivo; AT&T alberga los clientes de Telefónica, incluidos los Operadores Móviles Virtuales hospedados en su red, lo cual significa que tiene capacidad de sobra; la Red Compartida subutiliza la banda de 700 MHz en lugar de que el mercado aproveche su amplia propagación. 

En México se ha privilegiado el discurso de la competencia y está bien, pero se desarrolla con bastante naturalidad en mercados rentables e hiperconectados como son las ciudades densamente pobladas, donde debe existir libertad tarifaria. En comunidades apartadas o rurales, ese discurso procompetencia pierde consistencia, los defensores de la competencia se difuminan y a los operadores no les interesa competir en esos mercados por lo oneroso que resulta invertir en ellos.

La competencia en telefonía e Internet no ha generado cobertura, menos convergencia. Según el Índice Herfindahl-Hirschman que mide la concentración en los mercados, desde la reforma de 2013 se ha reducido 13% la concentración en telefonía móvil, pero la penetración de las líneas móviles sólo ha crecido 7.6% en el mismo periodo. La concentración del servicio fijo de telefonía bajó 36%, pero las líneas sólo crecieron 4.8%. Sí han crecido las conexiones de Internet móvil y fijo, pero no así la cobertura de las redes. 

Para atajar los “problemas de competencia”, México inventó la preponderancia, un equivalente al concepto reconocido en el derecho de la competencia de “poder sustancial de mercado”, pero sin que el Instituto Federal de Telecomunicaciones investigue e identifique la falla del mercado a resolver. La declaratoria de preponderancia se aplica en automático al operador con más de 50% de participación de mercado en el sector (voz, datos y video) de telecomunicaciones (Telmex-Telcel), aunque mañosamente no se contabilice el servicio de TV de paga que no proporciona. 

En cambio, al operador dominante en TV de paga, con 64.9% de los accesos, cuyos precios desde la aprobación de la reforma se han incrementado 24%, no se le considera preponderante, tampoco se le regula. La concentración en TV restringida creció 19.4% y las suscripciones aumentaron 34.9%, incluso a pesar de la intensa competencia de las plataformas de streaming de video. 

¿Cómo los apologistas de la competencia justifican que no se identifiquen las fallas del mercado, que no se defina el poder sustancial, que pidan competencia en un sector y en determinados servicios pero no exijan lo mismo en otros mercados concentrados? ¿Cómo toleran que no haya libertad tarifaria en mercados competitivos o las distorsiones que genera la regulación a la propia competencia?  

El economista francés Jean Tirole dice que las empresas pueden disponer de poder de mercado cuando tienen la capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes y ofrecer productos de mediocre calidad.

El Premio Nobel de Economía sostiene que la competencia impulsa constantemente a las empresas a ofrecer un abanico más amplio de productos a los mejores precios porque, si no lo hacen, los consumidores pueden elegir otras alternativas. En un mercado libre, las empresas tienen que competir en beneficio del consumidor. 

Según el Informe de Asequibilidad 2020 de la Alliance for Affordable Internet (A4AI), México es el séptimo país con las tarifas de banda ancha más asequibles del mundo, una posición de privilegio. Desde la reforma de 2013 el Índice de Precios de Comunicaciones ha bajado 26.8% (excepto TV de paga) y el de telefonía móvil 43.9%. Por la posición global y por la reducción de precios, según la teoría, en el mercado de telecomunicaciones en México hay competencia. 

Veamos la calidad. Aunque alejado de los líderes globales, México tiene la banda ancha móvil más veloz de América Latina (34.74 Mbps) a junio de 2021, según el Speedtest Global Index, a pesar de que Telcel tiene siete de cada 10 líneas de Internet móvil. Telcel también tiene la velocidad de descarga más rápida (26.3 Mbps), por arriba de sus competidores Movistar (15.7 Mbps) y AT&T (14.6 Mbps) (OpenSignal).

O sea, la teoría sostiene que la empresa que posee poder de mercado ofrece servicios de mediocre calidad, pero resulta que en Internet móvil el operador con mayor participación de mercado ofrece la mejor experiencia y sus competidores, un servicio de menos velocidad. El Primer Informe Trimestral 2021 de Soy Usuario confirma que mientras Telcel recibió 0.53 inconformidades por cada 100 mil quejas entre enero-marzo, AT&T recibió 2.66 inconformidades por cada 100,00 en el mismo periodo. ¿La teoría falló o la competencia es un concepto vago y acomodaticio según quién lo utilice y para qué fines? 

Los datos indican que los mexicanos conectados recibimos mejores servicios a menor precio; eso se traduce en un aumento del poder adquisitivo y mayor bienestar. Pero los mexicanos desconectados no disfrutan de estos beneficios, porque la competencia no genera cobertura sino un discurso para atacar al adversario.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

En comunicación

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.

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