En un contexto político precedido por la pérdida de la mayoría legislativa por parte del partido hegemónico en la Cámara de Diputados en 1997 y, sobre todo, a partir de la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, la Suprema Corte de Justicia fue fortaleciendo su posición frente a los otros poderes estatales, tras resolver cada vez más casos de disputas entre actores políticos, así como privilegiar los derechos humanos como centro de la decisión jurisdiccional que tutela la relación gobernado/gobernante. Así, la Corte se erigió como un tribunal constitucional. Ahora, las condiciones políticas que prevalecen son distintas, por lo que resulta indispensable analizar el comportamiento del Poder Judicial y, en especial, de la Suprema Corte de Justicia.

Morena, su coalición legislativa y el presidente López Obrador como su máximo líder y exponente concentran mayorías absolutas en los órganos legislativos, no sólo a nivel federal, sino también en la mayoría de los estados. De manera inversa a lo que sucedió en 1997, ahora el poder se concentra de nuevo, conforme a lo decidido por una inmensa mayoría en las urnas en julio del año pasado. La función de la justicia constitucional es proteger al gobernado frente a las posibles arbitrariedades de las mayorías gobernantes, poniendo como eje central el respeto a los derechos fundamentales, que se expresan tanto en nuestra Constitución, como en las obligaciones que, como país, hemos asumido frente a otros países, a través del derecho internacional, así como la salvaguarda del propio texto fundamental. El poder de los jueces y tribunales constitucionales reside en la facultad que tienen de censurar aquellos actos de los gobernantes que vulneren derechos.

Estaremos, entonces, en la presencia de un fenómeno interesante en la relación entre la judicatura y el poder político. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? ¿Se judicializará la política o se politizará la justicia? Por el bien de nuestro máximo órgano de justicia, pero sobre todo, por el bien de nuestro país, debemos situarnos en el primer escenario y no en el segundo. Si las decisiones jurisdiccionales se van a regir por una guía o ideología política, entonces nuestra Constitución no será más una norma en toda la extensión de la palabra, sino un documento político, al que siempre se acudirá cuando resulte coincidente con la arenga política, pero que al mismo tiempo y con la mayor intensidad se rechazará, de manera furibunda, cuando contraríe la prédica partidista.

La sana convivencia entre poderes estatales y sobre todo su independencia permiten un fino y delicado balance y equilibrio que asegura una vida política medianamente democrática. En los próximos meses, el Poder Judicial se enfrentará a decisiones cada vez más difíciles y políticamente relevantes, en las que tendrá que resolver sobre las políticas públicas implementadas por la nueva administración pública, que cuenta con las mayorías legislativas que le permiten, prácticamente, reformar incluso la Constitución. Veremos, cuando se enfrenten a casos complejos, que pongan en entredicho estas políticas públicas, la capacidad que tiene nuestra Suprema Corte para adaptarse al cambio político sin que ello implique una sumisión o rendición. Como señaló el ministro Cossío Díaz, en su mensaje ante el Tribunal Pleno el día 29 de noviembre del año pasado, con motivo de su retiro, un día antes del cambio en la administración federal, es imperativo cuidar la plaza que la justicia constitucional ha construido en los últimos años.

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