En días pasados germinó la iniciativa de lo que podría ser la mayor reforma fiscal a escala global de las últimas décadas. Los ministros de Finanzas del G7 -que agrupa a las principales economías del mundo como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- han pactado crear un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones.

Este acuerdo histórico -que podría generar entre 50 y 80 mil millones de dólares en contribuciones fiscales adicionales que las multinacionales pagarían a nivel mundial- inhibiría la feroz competencia entre países en descuentos fiscales a grandes empresas para atraer una mayor inversión, lo que ha derivado que importantes compañías trasladen sus sedes a paraísos fiscales o territorios de baja tributación, según explican.

Este gravamen -el cual no tiene precedente alguno- necesariamente nos remite a evocar la legendaria Tasa Tobin -Impuesto sobre Transacciones Financieras- que fue propuesto por el economista estadounidense James Tobin en los lejanos setenta y que tenía como objeto disminuir la volatilidad en los mercados cambiarios internacionales. El descalabro financiero mundial a finales de la primera década de este siglo revivió a Tobin y se replanteó la pertinencia de la tarifa por gobiernos y bancos centrales como remedio viable para poblaciones altamente marginadas y destinarla a fines sociales.

La pandemia ha tenido consecuencias severas en el aparato económico mundial. Se perdió cerca del 7.4% del PIB en un año y a pesar de las favorables previsiones de crecimiento para 2021, los países atraviesan por fuertes turbulencias financieras derivado de una crisis sanitaria que destruyó 255 millones de empleos y una caída en los ingresos tributarios que se estima en un déficit de entre 9% y 10% para las economías del orbe. Tan sólo América Latina, las arcas públicas dejaron de percibir 113 mil millones de dólares en ingresos fiscales, lo que equivale al 59% del gasto en salud pública de la región.

Es por ello, que en el contexto de una economía global tan lastimada, las potencias económicas proyectan la generación de mayores contribuciones que supondrían un “alivio” en momentos de graves dificultades para los gastos públicos y las inminentes necesidades sociales en la totalidad de los países.

No obstante, para América Latina los frutos del impuesto mínimo universal no están del todo claros. Y es que la región no alberga sedes de las mas grandes multinacionales. En el caso de México, es el único país latinoamericano que tiene un tratado de sujeción de gravamen con Estados Unidos, lo que le permitiría beneficios del impuesto global. Por otra parte, Sudamérica tiene los impuestos corporativos más altos, por arriba de la Unión Europea y Asia. Las empresas en la región sudamericana tributan una media de 27.5% en comparación con un 19.9% en Europa o un 26% en Estados Unidos.

Es preciso añadir que históricamente los países tienen el dilema de atraer empresas disminuyendo sus impuestos o dejar la tasa invariable y arriesgarse a que las compañías tomen otros rumbos.

La propuesta del G7 tiene una evidente dedicatoria a los gigantes tecnológicos. Algunos argumentan que la decisión beneficiaria a las naciones mas ricas en detrimento de las mas desfavorecidas. Aún falta trabajo por hacer y que el pacto sea confirmado en la próxima reunión del G20 que se realizará en el mes de julio y tendrá lugar en Venecia. También es imprescindible que se sumen a la discusión e instrumentación los gobiernos de los países en desarrollo, que requieren de estabilidad económica para volver a la ruta del crecimiento y el bienestar.

La pandemia ha dejado al descubierto brechas estructurales y tensiones sociales insostenibles. Hoy mas que nunca se requiere de una mayor atención de las grandes economías en la región.

*El autor es colaborador de Globalitika.