Los costos públicos que generan los cerca de 20 millones de automóviles particulares, que según el INEGI circulan en el país, son muy significativos.

Entre los costos más directos vienen a la mente la vasta infraestructura de calles, carreteras, puentes, periféricos de varios pisos, semáforos y letreros.

Además, se requiere infraestructura y mucho personal para actividades como registro, verificación, grúas, corralones y policías que dirijan el tránsito, pongan infracciones y persigan a quienes roban los autos del segmento de la población que puede permitirse viajar en auto. Por supuesto, a los costos anteriores se suman los enormes costos ambientales y, por qué no, los abultados costos derivados de mantener estables los precios de la gasolina por aquello de que vayan éstos a causar inflación.

Al considerar los costos anteriores, resulta muy difícil entender la racionalidad de la medida de eliminar la Tenencia, ya que implica desligar el uso del auto de los enormes costos que representa.

Mientras que los partidos debaten si la medida es o no de carácter electoral, poco se discute el tinte clientelar de un paquete que, además de la exención a personas y empresas, incluye una bolsa de garantías financieras de 2,500 millones de pesos.

El gastado pretexto de repartir beneficios para generar empleos suena muy bien hasta que nos preguntamos de dónde se pagarán los costos públicos asociados a un mayor número de automóviles, así como en qué fines alternativos podría gastarse el regalito entregado a un sector.

La medida parte del supuesto de que al bajar el costo integral de tener un auto aumentarían las ventas en México. Sin embargo, nada impide que el potencial aumento en la demanda que pudiera detonar la medida resulte en mayores precios, lo cual significaría una transferencia neta de las arcas públicas a la industria automotriz.

En cualquier caso, incluso si la medida tiene el efecto deseado y aumentan sensiblemente las ventas de autos, habrán aumentado también los costos públicos asociados a la circulación de esos autos. Los empleos que supuestamente crearía el incentivo, aun si se dieran, debieran ponderarse por el costo de la recaudación perdida por concepto de Tenencia, que en el 2008 representó 16,000 millones de pesos.

Si de impulsar la economía a través de reducir impuestos se tratara, reducir los impuestos sobre la renta y al valor agregado tendría el mismo efecto, sólo que sobre todos los sectores sin distinción alguna.

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