México ha sido desde hace años una “frontera vertical”. Las políticas trumpistas y la subordinación del gobierno mexicano empeoraron en años recientes lo que ya era un infierno para personas y caravanas migrantes: muro invisible y territorio minado. El nuevo presidente de EU ha decretado ya algunas medidas para poner fin a las aberraciones de Trump; apenas un primer paso, según organizaciones de derechos humanos de ese país. En México hasta ahora todo sigue igual.

Desde su instauración, diversas organizaciones  denunciaron que el programa impuesto por Trump para que solicitantes de asilo permanecieran en México mientras tramitaban su petición, violaba las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional. “Quédate en México” obligó  a miles de personas a arriesgar su seguridad y su vida en nuestra frontera norte. Según Human Rights First (HRF), alrededor de 20,000 personas del Caribe, Centroamérica y otras regiones llevan meses esperando, en condiciones de alto riesgo. Entre los efectos dañinos del programa, HRF menciona que se ha negado asilo a personas que no pudieron acudir a su audiencia porque “estaban secuestradas”, otras desistieron por la violencia y otras fueron expulsadas de vuelta a su país. Tener que vivir en zonas dominadas por la violencia, de la que precisamente se huye, es en sí una experiencia traumática.

Un reporte reciente de Physicians for Human Rights (PHR), especialistas en salud para quienes “la ética médica está estrechamente relacionada con la protección de derechos humanos”, detalla algunas de las agresiones que han sufrido en su tránsito al norte personas expulsadas de su país por violencia, pobreza y  catástrofes. Con base en entrevistas a solicitantes de asilo, develan una cadena de violencias en sus países, en México y a manos de agentes de EU, desde el robo hasta la violación, el secuestro y el asesinato. La cadena de humillaciones, agravios y despojos que evidencian las ONGs no son meras fallas circunstanciales. Constituyen un sistema de desposesión basado en la discriminación y la xenofobia que ahonda la precariedad y deshumaniza a quienes huyen para salvar su vida y la de sus familias.

Las ilegalidades de esta política anti-inmigrante son tales que, entre sus primeros decretos, el presidente Biden determinó que no se incluya a nadie más en “Quédate en México”, un primer paso al que deberán seguir, señalan ONGs, medidas para revertir sus efectos nefastos y reparar el daño a quienes han quedado varados en regiones de extrema inseguridad. Aunque será imposible “reparar” el trauma infligido a mujeres y niñas violadas, a hombres golpeados y también secuestrados, o a niños y niñas arrancados de sus familiares, HRF y PHR han hecho recomendaciones al gobierno de Biden para asegurar que todos los solicitantes de asilo que están en México puedan llevar su proceso en EU y vivir con familiares o amistades mientras esperan. PHR ha hecho también recomendaciones al gobierno mexicano, como “otorgar visas humanitarias y permiso de trabajo a migrantes y solicitantes de asilo y dar a no ciudadanos acceso a servicios públicos de salud de emergencia y preventivos”,  no deportar a quienes ya están aquí y anunciar a EU que dejará de recibir a personas expulsadas en el marco del programa “Quédate en México”. Por su parte HRF señala, entre otras recomendaciones, que EU debe “restaurar el acceso a la protección de asilo”.

El gobierno mexicano ha sido cómplice de la negación del derecho a migrar y participa aún en esta política de despojo y deshumanización al dejar a su suerte a miles de personas en zonas de altísimo riesgo, sin protección ni ayuda humanitaria.

El gobierno de Biden deberá restaurar su sistema migratorio y reparar el daño a miles de familias. El gobierno de México debería asumir su propia responsabilidad.

Nota: La semana pasada, escribí que Nath Campos había dejado la agencia DW. Pensó hacerlo pero ésta tomó medidas y ella sigue trabajando ahí; “Rix” ya no. Lamento la confusión.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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