Una preocupación expresada por parte del gobierno federal, que es aquella donde constantemente se recargan los justos reclamos, se refiere al desmedido incremento de la incidencia delictiva en toda la república mexicana. En un contexto donde por cada 100,000 habitantes se comete un promedio de 9.38 homicidios en el promedio nacional, con un acumulado para el primer semestre de 16,937 casos para este delito, no es inoportuno hacer un alto en el camino y tratar de detener una ola criminal que por momentos parece imparable. Sin embargo, no es tan solo con cuantiosas asignaciones presupuestales como se puede llegar a paliar un problema tan complejo que, a pesar de recrudecerse, hay que reconocer que ha sido un problema oscilante y añejo que aqueja a los mexicanos.

Un anuncio que ha polarizado opiniones, es el que recientemente se hiciera sobre el incremento de 50,000 millones de pesos al presupuesto destinado a la Guardia Nacional. Con tal empuje de recursos, dicha organización aún adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, pasaría de una asignación de poco más de los 35,671 millones de pesos para acomodarse en los 85,671 millones. Esto representa un aumento sin precedente que eleva las expectativas por resultados inmediatos de dicha corporación. Sin embargo, la Guardia Nacional, no ha superado la etapa de aterrizaje e integración que la llevaría a la funcionalidad y eficiencia proyectada a principio de sexenio. Si no se planea con estrategia un fortalecimiento por reclutamiento, adiestramiento, despliegue, control y vigilancia, se corre el riesgo que la inyección millonaria de recursos se pierda en la ineficacia que nadie desea.

El origen de una deficiente coordinación entre fuerzas a integrar, así como su destacamento en ubicaciones donde se les apostó bajo criterios de densidad poblacional más no de incidencia delictiva, hacen que se tenga que revisar integralmente el plan inicial. Originalmente se visualizó un estado de fuerza de 150,000 efectivos de los cuales al menos 50,000 serían nuevos reclutas y el resto provendrían de las policías naval y militar, así como de la extinta policía federal y la propia SEDENA. Además, se planteó la creación de 266 coordinaciones regionales. Actualmente, los problemas relativos a la situación laboral de miles de integrantes, detienen la integración de fuerzas al grado de contar con poco más de 71,000 integrantes que se ubican en 151 coordinaciones. Además, no existe un plan de focalización para el combate delictivo basado en criterios de incidencia y la labor de los integrantes se dispersa en una multiplicidad confusa de funciones.

La rancia discusión que se avecina para que dicho cuerpo de seguridad se adscriba a la Secretaría de la Defensa, vendrá a poner mayor presión a la exigencia para obtener resultados. Esperemos una mejor estrategia y recursos eficientemente aplicados. Es pertinente, urgente y necesario.

Twitter: @eleconomista.com.mx

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

Lee más de este autor